replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 junio 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Tesorera: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Secretario: D. Wenceslao López Velasco secretario.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Podeis contactar directamente con la Junta Directiva a través de la siguiente dirección de correo:
xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org

 

Artigos etiquetados ‘planeamento’

Hoy Jueves a las 17:00 h :Convocatoria Comisión de Planeamiento

Escrito por mpierres o 11 mayo 2010

Hoy martes día 11 de mayo, a las 17:00 horas,se  celebrará una reunión de la Comisión de Planeamiento de acuerdo con el  siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Análisis del trazado del AVE en los Ayuntamientos de la Delegación

2. Ruegos y preguntas.

Nota: se recuerda que la participación en las reuniones de Comisiones está abierta a todos los colegiados de esta Delegación.

La Xunta frena el Plan Xeral de Cruces por proponer que se tripliquen las viviendas

Escrito por mpierres o 24 febrero 2010

Faro de Vigo -ALFONSO LOÑO - VILA DE CRUCES- 24.02.2010

La Xunta echó atrás la propuesta de aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vila de Cruces e insta al concello a incluir importantes modificaciones para sacar adelante el documento. La Consellería de Medio Ambiente hizo público ayer un informe en el que cuestiona el crecimiento urbanístico propuesto por el gobierno local, quien apuesta por triplicar en una década el censo de viviendas en el municipio.
La Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo desaprueba que el municipio pase a contar con 12.800 residencias en 10 años, luego de plantear 9.814 en el suelo residencial, áreas de expansión y núcleos tradicionales, una vez que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Cruces tenía en 2001 un total de 2.993 casas y un censo de 6.475 vecinos. La consellería advierte también que “a evolución da poboación amosa unha dimámica demográfica negativa” y advierte que el Plan Xeral carece de un estudio detallado sobre el crecimiento del parque de residencias “que xustifique as necesidades de vivenda para un horizonte temporal de 10 anos”, explica. El gobierno gallego objeta la compatibilidad de usos remitida por el concello en lo que respecta a la creación de nuevos desarrollos residenciales, en una zona donde se pretende potenciar el uso industrial e invita al gobierno local a justificar la clasificación como suelo urbanizable empresarial instalaciones tan aisladas entre sí. Y apercibe al ejecutivo sobre la previsión de crear otro polígono industrial en Sabrexo, una vez que, tal y como recoge el estudio de sostenibilidad del plan, pueden ocasionarse impactos en el paisaje de este entorno.
Urbanismo incide en que no existe una correspondencia entre el crecimiento proyectado y la capacidad de las redes de servicios de abastecimiento y saneamiento, además de reclamar que el Plan Xeral debe concretar las actuaciones a llevar a cabo para adaptar la propuesta futura a las infraestructuras actuales. Apunta que se deben calificar como sistemas generales las depuradoras de agua y depósitos municipales y considerar como sistema general viario la glorieta situada al norte del suelo urbano y aclarar su conexión con la carretera autonómica.

Fontao

Por otro lado, la Xunta reclama al concello que concrete la clasificación del suelo del plan especial del poblado minero de Fontao y revela errores de identificación de edificaciones tradicionales en los núcleos de: Añobre, Brandomés, Pinlle, Combarro, O Valado, A Seara, Castro de Cumeiro, Fontacarda, Asorei (sur), Orza, Pastoriza, Sobreiras, A Agra, Os Camanceiros, O Pazo, Lamego y Gueiral. En este sentido, Urbanismo destaca que la propuesta municipal no recoge las construcciones de forma individualizada, sino que conjuntos de edificaciones diversas épocas bajo un mismo perímetro identificadas como una construcción tradicional. Y dice que en al menos cinco núcleos ni siquiera figuran las casas tradicionales, por lo que no se puede comprobar su delimitación.


Aprobada la reforma de la Lei do Solo que regulará el rural gallego

Escrito por mpierres o 3 enero 2010

La Opinión de la Coruña - 31.12.09

La modificación, que se debatirá en el Parlamento en febrero, reduce los plazos de tramitación y delega competencias en los ayuntamientos

 El Consello de la Xunta aprobó ayer el anteproyecto de modificación de la Lei do Solo, con el que se ampliarán los tipos de núcleos rurales y las competencias de los ayuntamientos y con los que el Gobierno pretende “simplificar y facilitar” la elaboración de los planeamientos urbanísticos municipales. El texto será remitido al Parlamento en la primera semana de enero y se debatirá en pleno en febrero.

Según este nuevo texto, los núcleos rurales serán de cuatro tipos y las corporaciones locales verán incrementadas sus competencias urbanísticas y podrán otorgar licencias para ampliar naves y establos en suelo rústico. Una de las novedades que aportará esta reforma es la reducción de la tramitación autonómica en los planes de ordenación municipal. De hecho, el texto prevé rebajar un tercio -de tres a dos meses- los plazos de cada intervención de la Xunta en los procedimientos de aprobación, a excepción de la aprobación definitiva de los PGOM, que se mantendrá en tres meses. Además, la evaluación ambiental se tramitará de forma unitaria en el plan.

Agilidad

La nueva norma, que modificará 44 de los 237 artículos de la ley, buscará una “mayor cooperación” entre los diferentes departamentos para evitar duplicidades. También pretende incrementar la colaboración entre administración autonómica y local delegando competencias en los municipios. Así, los Ayuntamientos podrán dar luz verde -sin necesidad de autorización autonómica previa- a todas aquellas obras directamente “vinculadas” con una explotación de recursos naturales, como naves o establos. La reforma también supondrá una “mayor agilidad” en la otorgación de licencias en suelo rústico para obras mayores -las que requieren proyecto técnico completo- ya que se reducirá un 60% el tiempo máximo de concesión de licencia. En las obras menores, el plazo se reducirá un 80%.

La futura ley establecerá que serán los propios planes de los municipios los que establezcan el régimen urbanístico de los núcleos rurales. Así, fija cuatro tipos de núcleos rurales. En primer lugar, figura el núcleo rural histórico tradicional, además del núcleo rural consolidado, limitado por el grado de consolidación de la edificación que será igual o superior al 50% de la superficie. Como novedad, incorpora el núcleo rural no consolidado -en el que el grado de consolidación de la edificación se situará entre un 33 y un 50%- así como el núcleo rural complejo, caracterizado por la concurrencia y compatibilidad de características propias del núcleo tradicional y de cualquiera de los otros dos establecidos.

Según la Xunta, esta reforma permitirá regular los 30.000 núcleos de población del rural gallego y, en especial, los más de 10.200 núcleos que tienen, al menos, diez edificaciones. El Gobierno gallego justificó el “apremio” en la reforma de esta dado el “bloqueo” urbanístico actual, pues casi el 80% de los municipios tienen su plan en alguna fase de tramitación, algunos de ellos “desde hace 30 años”.

El decreto del gallego y la Lei do Solo llegan al último Consello del año

Escrito por mpierres o 3 enero 2010

reunion-conselloEl Correo Gallego - 30.12.09

Uno de los temas más delicados sobre la mesa de Alberto Núñez Feijóo llegóhoy a la última sesión del Consello de la Xunta del año. La reunión del presidente con su equipo abordó el borrador del nuevo decreto del gallego en la enseñanza y la propuesta de reforma de la Lei do Solo. Fue, por primera vez desde que Feijóo llegó a la Xunta, en una sesión de tarde, a partir de las 17 horas, y también por primera vez en San Caetano.

Hasta ahora, el presidente y sus conselleiros se habían reunido en las dependencias del pazo de Raxoi, en la plaza del Obradoiro, donde hoy mismo, también desde las cinco de la tarde, la plataforma Queremos Galego ha convocado una concentración para manifestar su rechazo al que dan por seguro que será un paso atrás sin precedentes en la normalización y defensa de la lengua de Galicia.

Feijóo acabó además el año estrenando la polémica sala de Consello de San Caetano, que le costó al Bipartito duras críticas en plena campaña electoral por la factura millonaria que acompañó a su reforma. Pérez Touriño no llegó nunca a usarla y hasta hoy tampoco lo hizo Feijóo, que encargó adaptaciones técnicas.

Hasta ahora, el mutismo de la Xunta en torno a la reforma del gallego ha sido casi total. El secretario xeral de Política Lingüística se ha limitado a decir que será flexible y el presidente, que se ajustará al programa electoral del PPdeG, que establece que al final de la legislatura la mitad de los centros impartan una enseñanza trilingüe, con un tercio de las materias en español, otro en gallego y otro en inglés. Este último, sin embargo, plantea dificultades, ya que no hay suficiente profesorado formado para impartir materias no lingüísticas en un idioma extranjero. Por eso, se da por hecho que parte de la flexibilidad a la que se apela podría darse en ese punto.

Otro se referiría a que el alumnado de Educación Infantil aprenderá a leer y escribir en la lengua que elijan la mayoría de los padres de cada aula.

Feijóo prometió en la campaña electoral un nuevo decreto del gallego en la enseñanza que sustituya al actual, que solo tiene dos años, y que estableció que al menos el 50% de la docencia se imparta en gallego. El porcentaje se recoge en el Plan de Normalización Lingüística aprobado en el Parlamento durante la etapa de Manuel Fraga como presidente, pero el nuevo PPdeG ve en él una imposición del gallego.

Pese a este punto de partida, los gestos de Feijóo siguen sin convencer a Galicia Bilingüe. Tras ‘coqueteos’ en plena campaña, el colectivo que preside Gloria Lago augura que el nuevo decreto “será un placebo” y teme que Feijóo se distancie de “la literalidad” de sus promesas electorales. Pero el mayor descontento se da entre los colectivos de defensa del gallego. Además de la concentración de hoy, Queremos Galego llama a una huelga en la educación el 21 de enero.

Un solo denunciante pone en Vigo casi 2.000 casas al borde del derribo

Escrito por mpierres o 21 diciembre 2009

El Pais - 20.12.09

“A los dos nos hicieron sufrir mucho. Y como consecuencia, te metes en la rueda y ya no puedes salir”, aduce Eulogio Abeleira para explicar su condición de pleitista urbanístico en municipios de las Rías Baixas, en los que al igual que Eduardo Canabal presenta decenas de denuncias contra ilegalidades urbanísticas que suelen acabar en sentencias de derribo. A Abeleira le precede en esta dedicación Canabal y también se ha sumado a la causa Josefa Gallego en Nigrán al hilo de un atroz acoso vecinal.

Canabal y Abeleira son ya personajes con historia y marca. El primero le ha ganado cien pleitos al Ayuntamiento de Vigo, gracias a lo cual hay entre 1.500 y 2.000 viviendas con orden de derribo. Le consultan promotores y abogados y de eso vive, de su asesoría urbanística. Abeleira también asesora -”sin cobrar, aunque podría”- pero sobre todo presta su nombre para esconder la identidad de otros denunciantes que no quieren significarse entre sus vecinos, de ahí el graneado de denuncias, a centenares, en los ayuntamientos del sur de Pontevedra. Atascan los servicios urbanísticos y jurídicos municipales y “traban” el funcionamiento de la Fiscalía de Pontevedra, aunque del arsenal de Abeleira sólo prospera entre el 2% y el 3% de las denuncias.

Canabal tiene al Ayuntamiento de Vigo contra las cuerdas desde hace 15 años: “Si reconocen los daños que me hicieron y me piden disculpas, retiro los contenciosos”, afirma. “Y que me paguen las minutas, conservo todas las facturas”, añade como condición de su compromiso. Los dos han asumido el ejercicio de la acción popular que les permite la ley. “No habría denuncias si no hubiera ilegalidades”, aducen. Y las hay en volumen suficiente para encontrar blanco incluso disparando al tuntún.Pero, sobre la acción popular, tratándose de urbanismo, el experto Ramón Martín Mateo, de la Universidad de Alicante, destaca que en el conjunto de España “la trascendencia práctica de este tipo de acciones ha sido reducida. Es problemático que por razones puramente cívicas y altruistas una persona se embarque en costosos litigios”, explica en La obligación ambiental del sector público. Y añade: “No han sido aisladas las manifestaciones patológicas de la aplicación de esta normativa en la que se han basado extorsiones y chantajistas para exigir cantidades a promotores a veces en sintonía con el ordenamiento, pero a los que las perspectivas de un costoso y prolongado proceso judicial alarmaba, sobre todo a la hora de vender los inmuebles”.

Ésta es la impresión que persigue a Canabal y Abeleira y en la que escudan sus zonas de sombra y misterio. Pero ni chantajistas ni extorsionadores, aseguran ambos. “Que lo denuncien, si tienen pruebas”, retan. Nadie lo hizo hasta hoy, aunque hubo algunos amagos “para calentar el caldo de las calumnias y la maledicencia”. “Nunca denuncié a nadie, sólo he alegado contra la planificación urbanística”, dice Canabal. Como asesor, eso sí, le da a todo lo que le pidan sus clientes, y de eso vive desde hace muchos años. “Siempre me dediqué al urbanismo, soy técnico superior proyectista”. Y tampoco se siente responsable de que “otros vayan utilizando” su nombre “para hacer chantajes”.

Los dos conocen al dedillo la compleja normativa urbanística y el derecho concomitante que precisan. La Organización de Colectivos Veciñais de Vigo abrió en 2002 una cuestación para recaudar 1.200.000 pesetas. “Informados de las carencias económicas del ciudadano Eduardo Canabal, a fin de poder ejecutar y presentar las correspondientes demandas emanadas de resoluciones habidas en sus denuncias urbanísticas”. Ya se había ganado entonces la condición de pleitista. Abeleira tardaría aún un par de años en desembarcar. Los dos lo hicieron por motivos análogos. Canabal empezó reclamando contra un edificio que le iban a construir delante, en zona verde, y le quitaba las vistas, en la desembocadura del Lagares. Abeleira había comprado un apartamento en A Armona (A Guarda) y en 2004 quiso bloquear la propiedad de las instalaciones comunes a nuevos vecinos para los que construyeron apartamentos en el lugar de un centro comercial. La próxima tanda de derribos en A Guarda serán esos ocho apartamentos.

Meterse en pleitos, a los dos en su momento, les salió caro. Políticos y promotores se conjuraron, dicen, para llevarlos a la asfixia económica. Canabal perdió una empresa de calefacciones y Abeleira, su constructora. Pero Canabal encontró un mentor distinguido, Abelardo Pardo, que fue secretario municipal de Vigo, patanegra del Ayuntamiento hasta su jubilación y sinuoso concejal del PP. Le defendió en el pleito aquel por las vistas, en los primeros años 90. Ambos fueron después las cabezas más representativas de una presunta trama de corrupción, con evidentes conexiones en el Ayuntamiento pero que nunca llegó a sustanciarse. Entonces Canabal iniciaba los procedimientos que han demostrado la vulnerabilidad jurídica de aquel Plan General de 1993 que se aprobó con la abstención de Pardo.

El pleitista no cree que ahora puedan legalizarse las 25 o 27 actuaciones que él impugnó y que se hallan en fase de ejecución de sentencias porque “para que cumplan, tendrán que aplicar todas las leyes en vigor promulgadas desde entonces, como la del Hábitat, y los edificios no son de plastilina”. Aunque no cree que los propietarios de los pisos sean inocentes “porque sabían lo que había y, si no, que reclamen a los promotores que se los vendieron”, insiste en ofrecer su pacto: retirada de todos los recursos a cambio de disculpas, reconocimiento de los daños infligidos y pago de las minutas, “que es menos de lo que el Ayuntamiento lleva gastado en costas procesales y de lo que se van a gastar para acomodar y legalizar las actuaciones: 240.000 euros por cada proyecto”. A su juicio y para colmo, “el plan actual es aún peor, mucho más fácil de tumbar que el anterior”. Personalmente no ha impugnado nada del mismo, pero en tanto que asesor ha ayudado a que otros lo hagan, “y tiene más de 100 recursos planteados”.

Ha habido algún día en que la Fiscalía tuvo que sustanciar hasta cinco denuncias, más de cien cada año. “Nos dan un trabajo tremendo, y la inmensa mayoría se archivan”, dice un fiscal. “En el 99,99% de mis denuncias hay una irregularidad detrás”, defiende Abeleira. “Que sea delito o no, ya no me corresponde a mí decirlo”.

Su chispa prendió, por citar el caso de más empaque, en el Talaso Atlántico, un hotel-balneario construido en Oia al amparo de una ordenanza que el Ayuntamiento no publicó. “Dije que me la enseñaran y me sacaron un folio de un cajón, sin firma, sello o membrete de ningún tipo. Como si la hubiera hecho yo mismo en casa”, cuenta Abeleira. “Y para colmo, ni siquiera cumplía esa ordenanza: autorizaba bajo y dos plantas y el edificio tiene bajo más siete”. Está tasado en 2.000 o 3.000 millones de pesetas y en un plazo de dos meses Abeleira pedirá la ejecución de su derribo. Él, según cree, ya pasó lo peor en este caso: “Me mandaron a un par de matones, a intimidarme, y anduve un tiempo con protección policial”. Nunca ha retirado ninguna denuncia -luego ninguna ha sido moneda de cambio para el chantaje- y desmiente que pidiera al ex alcalde de A Guarda Alonso Riego ser asesor urbanístico municipal. “Un infundio sin el menor fundamento. Se lo archivaron en el juzgado y ahora tiene el pleito en la Audiencia Provincial”.

Precisamente en Oia trabajó como asesor urbanístico Canabal, “antes de perpetrarse la actual desfeita”, como en los demás ayuntamientos, por culpa de alcaldes, concejales y funcionarios “que hacen favores clientelares, la vista gorda con las ilegalidades de sus compañeros, no avisan de las cargas a los que compran casa y que no dejan de repartirse el pastel porque nadie, con todo lo que ya ha caído, ha sido sancionado o condenado por ese motivo”, acusa. Los dos pleitistas cultivan su amistad en A Guarda, sede del Grupo de Opinión A Guarda, la asociación que agita y tramita las denuncias -”yo soy el único que sabe cuántos somos y no lo voy a decir”, dice Abeleira-. Canabal, por su parte, se ha retirado de su labor de asesor de los afectados por la anulación de 21 licencias, y subsiguientes derribos, en ese ayuntamiento: “Estoy harto de aturar con las suspicacias, como si yo fuera el estafador”.

A Estrada instará a la Xunta a que recurra la anulación de su actual normativa urbanística

Escrito por mpierres o 15 diciembre 2009

expo-pxom-estradaFaro de Vigo - Deza/Montes/Tabeirós 15.12.09

La Xunta de Goberno Local de A Estrada acordó en su sesión de ayer instar a la Xunta de Galicia a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el decreto 207/2006 de la administración gallega en virtud del cual se procedió a la suspensión de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal, confeccionadas en 1978 por Juan Rico Lenza, y se impulsó una normativa provisional para el municipio hasta la aprobación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en fase de tramitación y actualmente cumpliendo con su período de exposición pública.
El jefe del ejecutivo estradense, el socialista José Antonio Dono, y la titular del departamento municipal de Urbanismo, la edil Irene Aguiar Lale, se reunirán mañana a las 14.00 horas con la secretaria xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas, bajo la pretensión de abordar la situación legal en la que se encuentra el Concello de A Estrada después de la citada resolución judicial que anularía la normativa que actualmente rige el urbanismo estradense. Esta reunión fue solicitada por el gobierno local el pasado viernes, después de que trascendiese la anulación por parte del alto tribunal gallego del referido decreto de la Xunta.
El alcalde quiso realizar en la jornada de ayer un “chamamento á prudencia” en este sentido. “Hai que evitar lanzarse a especulacións sobre o que pode suceder agora. En primeiro lugar, queremos coñecer o pronunciamento da Xunta de Galicia sobre os pasos que ten pensado dar daquí en diante, comenzando pola opción de presentar recurso á sentenza”.
Cabe recordar que contra la aludida resolución de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG la Xunta de Galicia tiene todavía abierta la opción de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una acción por la que aboga el gobierno estradense en virtud del acuerdo adoptado ayer en comisión. El Concello no tiene oportunidad de recurrir esta sentencia, derivada del recurso interpuesto por un grupo de vecinos de A Estrada vinculados a la Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e o Urbano (Aedru), en la medida en que la administración municipal no fue una de las partes en este proceso judicial.
José Antonio Dono también quiso recordar ayer que “é a Xunta de Galicia a que ten as competencias normativas en materia de urbanismo, polo cal correspóndelle a ela definir en que situación estamos na actualidade”. El primer edil avanzó asimismo que los servicios jurídicos municipales se encuentran en estos momentos estudiando la sentencia con detenimiento a la espera de que se traslade desde la Xunta la información definitiva tras la reunión que Dono y Aguiar mantendrán con la secretaria xeral.
Al día siguiente de que se conociese públicamente la resolución del TSXG fuentes pertenecientes a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras informaron de que la administración autonómica se encontraba estudiando el contenido de la sentencia dictada por el TSXG. La consellería descartó pronunciarse sobre este asunto hasta concluir este análisis.
Desde el gobierno local se reconoció la “grave” situación generada y se hizo hincapié en que contribuye a justificar la necesidad de sacar adelante lo antes posible el nuevo Plan Xeral. El alcalde apeló a que vecinos y políticos actúen de manera responsable para contribuir a la aprobación del documento urbanístico. La oficina habilitada para la exposición del plan continuará atendiendo las dudas de los ciudadanos hasta el próximo lunes, 21 de diciembre, jornada en la que se cerrará la fase de información pública.

Hoy día 10 de Diciembre, reunión de la Comisión de Planeamiento

Escrito por mpierres o 10 diciembre 2009

Hoy,  jueves día 10 de Diciembre a las 19:00 h, se celebrará una reunión de la Comisión de Planeamiento, a la que pueden acudir todos aquellos colegiados que lo deseen , y en la que se tratarán los siguientes temas :

1. Análisis y propuestas de alegaciones al P.X.O.M. de A Estrada .

2. Análisis y propuestas de alegaciones al Proyecto de modificación puntual del PEPRICA para museización de restors arqueológicos en Pontevedra.

3. Presentación de propuestas para la nueva ley del suelo de Galicia.

4. Ruegos, preguntas y propuestas.

Primer plan de infraestructuras para la Universidad de A Coruña

Escrito por mpierres o 10 diciembre 2009

El Pais- A Coruña 10.12.09

Contar con núcleos rurales que sobreviven en las inmediaciones de un campus es un gran valor que la Universidad debe “conservar” y “potenciar”. Ésta es una de las directrices recogidas en el Plan Director de Infraestructuras de la Universidade de A Coruña, que ayer recibió el vicerrector responsable del área, Xosé Luis Martínez Suárez. El plan, el primero que se realiza en Galicia, es un estudio de las necesidades de desarrollo y reforma del espacio universitario. “La educación es un hecho espacial, de cómo deben ser las relaciones humanas”, aseguró el redactor del documento, el arquitecto Pablo Campos Calvo-Sotelo. Los vecinos de los núcleos tradicionales que rodean el campus consideran una amenaza la expansión de los equipamientos universitarios, entre ellos las viviendas. “Lo que dice el plan es todo lo contrario, que hay que conservarlos y potenciarlos”, dice Campos.

El plan analiza cómo optimizar la relación entre la universidad, los seis campus en A Coruña, Oleiros y Ferrol, y la ciudad- región urbana en la que están insertados. Además, estudia la recalificación interna del espacio universitario, y la recalificación funcional, para adaptarlo a la escala humana. “Hay que evitar que los campus sean polígonos docentes que se vacían al caer la tarde, ciudades fantasma durante las vacaciones. Elviña, por ejemplo, necesitaría un ágora, un espacio común”, apuntó Campos. La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior conlleva la reducción del espacio dedicado a aulas.

El BNG pide en el Congreso que cambie la Ley de Costas

Escrito por mpierres o 9 diciembre 2009

loira Correo Gallego - 09.12.09

El BNG quiere salvar a varios núcleos costeros gallegos en los que las casas están pegadas al mar. Los diputados nacionalistas en el Congreso, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Davila, han registrado en la Cámara Baja una proposición de ley para modificar la normativa estatal de Costas. El objetivo es acabar con la “inseguridad jurídica” de estos asentamientos.

La Ley de Costas establece una servidumbre de dominio público marítimo terrestre de 20 metros para el suelo calificado como urbano antes de la entrada en vigor de esta normativa, mientras que para el resto del territorio la servidumbre de protección del litoral se establece en los 100 metros. Los diputados del BNG recuerdan que en Galicia esta aplicación legal suscita una “problemática” derivada de la existencia de numerosos municipios que cuentan con asentamientos de población tradicionales, situados en la costa desde el siglo XIX y vinculados a actividades pesqueras. Según informó ayer el BNG en un comunicado, la entrada en vigor de la ley dejó afectados a estos núcleos por la servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 metros que fija el texto legal para suelos urbanos. El problema es que la normativa de planeamiento municipal los ha asignado como suelo no urbanizable, pese a reunir los requisitos “para ser calificados como suelo urbano”. En esta situación se encuentran asentamientos de Marín, Illa de Arousa, Ribeira, Moaña, Redondela, Pobra do Caramiñal o Malpica.

La Xunta, en uso de las competencias exclusivas que marca el Estatuto, aprobó (con el Bipartito y por unanimidad del Parlamento) una modificación de ley autonómica 9/2002, de Ordenación Urbanística y de Protección del medio rural de Galicia, para solucionar esta situación.

Sin embargo, el Estado presentó un recurso de invasión de competencias a la Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica de Vivienda de Galicia. “Esta disposición establece una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error en la clasificación urbanística” municipal, manifiestan los nacionalistas en su iniciativa.

Jorquera y Davila subrayaron que este cambio había “proporcionado una respuesta idónea a la grave problemática”. Por ello, el BNG demanda en una proposición de ley que se incorpore a la Ley de Costas la regulación específica de las particularidades de los asentamientos de población tradicionales en el litoral gallego, recogida en la legislación autonómica, con el objetivo de dotar de “coherencia” a la regulación de estas situaciones y “evitar las posibles dificultades” interpretativas que generen inseguridad jurídica.

MARÍN

200 casas con un futuro incierto

Más de 200 casas de cinco núcleos costeros de Marín se encuentran en una situación de inseguridad jurídica por la aplicación de la Ley de Costas. Los vecinos de L oira, Aguete, Mogor, Teoira y Casás viven inmersos en un conflicto. Sobre ellos podrían recaer cuantiosas multas por reformar sus hogares sin contar con la licencia del Gobierno central. El problema se remonta a 1988 cuando se aprobó la Ley de Costas. Los núcleos rurales situados a menos de 100 metros de la línea marítima tenían que comunicar al Ministerio su “preexistencia”. Pero el Ayuntamiento no envió la documentación, con lo que las casas quedaron dentro de la servidumbre de dominio público -y por tanto propiedad del Estado- que se establece entre los 20 y los 100 metros del litoral.

Ajenos a esta situación los vecinos acometieron las obras en sus casas ya que desconocían que tenían que pedir permiso a Madrid. A partir del año 2003 los inspectores de Costas empezaron a abrir expedientes por realizar reformas estructurales en las viviendas. Las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros mensuales, según han asegurado fuentes del ayuntamiento de Marín. Desde el Concello se reclama a la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa que solucione la situación ya que los vecinos no pueden estar indefensos ante un error administrativo cometido en el pasado .

La ordenación del territorio prevista para este año se retrasa hasta el 2011

Escrito por mpierres o 1 diciembre 2009

La Voz de Galicia -01.12.09

La decisión de la Xunta de repetir la tramitación ambiental de las directrices de ordenación del territorio trastocará en profundidad el cronograma que manejaba Feijoo para dar luz verde al documento que establecerá las líneas maestras del modelo de expansión urbanística del país. A instancias de los servicios jurídicos, el Ejecutivo acordó hace dos semanas reconducir el expediente para subsanar los defectos administrativos que achaca a la gestión del bipartito, por «non cumprir os prazos estipulados nin a lexislación ambiental». Esta medida, anunciada cuando ya había expirado el plazo del primer semestre de mandato que Feijoo comprometió en su investidura para aprobar las directrices, implicará un retraso adicional de al menos seis meses sobre el nuevo calendario fijado por el Gobierno, que pensaba tener listo el reglamento en mayo, coincidiendo con el plan del litoral.

Este nuevo escenario pospondrá la aprobación de las directrices hasta finales del 2010 o principios del 2011, de acuerdo con las nuevas previsiones del departamento de Agustín Hernández, que descartó finalmente la opción de seguir adelante con la tramitación del bipartito. Con todo, se trata de una decisión que afecta al recorrido administrativo del documento, y en consecuencia a los plazos para su entrada en vigor, pero no al contenido central de un texto que llegará con más de siete años de demora sobre lo establecido en la Lei do Solo 9/2002.

Los pasos de la tramitación

La repetición del proceso se ha iniciado ya con la remisión del nuevo documento al órgano medioambiental competente, con la consiguiente apertura del período de un mes estipulado para las consultas ambientales, que expirará el día 23. El siguiente paso será elaborar el nuevo documento de referencia y, después, el informe de sostenibilidad ambiental. Una vez que Medio Ambiente solicite el informe a Facenda, lo aprobará inicialmente y, junto con el informe de sostenibilidad ambiental, abrirá un período de dos meses de exposición pública y audiencia a Administraciones y entidades. Analizadas las alegaciones, Medio Ambiente habilitará tres meses para elaborar el documento para su aprobación y redactar la memoria ambiental. Con el nuevo informe de Facenda, e incorporadas ya las modificaciones correspondientes, el conselleiro de Medio Ambiente aprobará de forma provisional las directrices, para su envío al Consello de la Xunta y al Parlamento. Aunque el documento tendrá una tramitación en la Cámara, será el Consello el que decida su aprobación definitiva en forma de decreto.

Entre la «incorrecta actuación administrativa» que el Gobierno achaca al bipartito figura la reducción a 15 días naturales del período de un mes para las consultas previas al documento de referencia, que además no fue incluido en la web de Medio Ambiente. Aunque el defecto «máis grave» que imputa la consellería es la aprobación inicial un día antes de la emisión del documento de referencia por el órgano ambiental.

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.