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Publicado por admin o 7 junio 2011

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Dueños de 2.300 viviendas tratan de legalizarlas y evitar su derribo

Escrito por mpierres o 22 noviembre 2010

La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 21.11.2010

La Fiscalía defiende la piqueta como solución ejemplarizante y forma de hacer desaparecer el delito

Entre el año pasado y lo que va del presente 46 particulares han llevado a cabo en Galicia la demolición de sus edificaciones declaradas ilegales judicial o administrativamente, mientras que la Xunta ha hecho lo mismo con otras 13.

Por primera vez en la historia, el Ejecutivo autónomo constata un mayor número de derribos ejecutados por los particulares sancionados que los que lleva a cabo la Administración, hecho que a juicio de la Consellería de Medio Ambiente e Territorio evidencia que se ha instalado la convicción de que los derribos son ineludibles cuando se construye sin licencia o la edificación vulnera lo permitido.

Pero mientras cunde la acción de la piqueta, sobre todo en viviendas unifamiliares y galpones, decenas de edificios acumulan hasta varios lustros con sentencias de derribo firmes en medio de recursos promovidos por sus propietarios para evitar perder sus hogares.

Unos 2.303 dueños de viviendas están en esa situación en la comunidad, según las estimaciones realizadas sumando las sentencias de derribo dictadas.

Licencia como atenuante

En un porcentaje muy alto, esos fallos que ordenan la acción de la piqueta se producen sobre edificaciones que contaron con licencia municipal, circunstancia que esgrimen sus dueños para tratar de salvar sus hogares o en último extremo lograr una indemnización de los consistorios que permitieron la construcción luego considerada ilegal.

La modificación del planeamiento para encajar la construcción amenazada de derribo es la vía más demandada, como acaba de ocurrir en Vigo con 180 pisos de la calle Jacinto Benavente, ya legales pese a contar con sentencia de derribo firme desde el 2003; o como se tramita en esa ciudad en las Torres Ifer y sus 104 viviendas y los 56 de la urbanización de A Pastora, o en A Coruña con el centenar de las del edificio Fenosa.

«La demolición no es sencilla, su ejecución exige una tramitación casi similar a la del propio juicio, lo que acaba por dificultar mucho su ejecución», apunta Álvaro García Ortiz, fiscal coordinador en materia de medio ambiente y urbanismo en Galicia. Pese a recalcar que «demoler no es sencillo», el representante del ministerio público considera que la piqueta ejemplifica perfectamente los riesgos del urbanismo ilegal, «y el delito desaparece», añade García Ortiz.

Para el fiscal especializado en urbanismo, las edificaciones no se pueden indultar desde el punto de vista penal, aunque se adapte la legislación urbanística a ellas para salvarlas. «Castigamos al infractor y puede tener que hacer frente igual a multas o incluso cárcel», advierte.

Como filosofía general, la Xunta defiende la misma vía del derribo como la más útil para reponer la legalidad, asegurando incluso que la publicidad dada a las demoliciones ha frenado los desmanes urbanísticos, más incluso que la acción de divulgación.

Pero desde la Consellería de Medio Ambiente e Territorio se hace una distinción importante con los casos a los que los ayuntamientos otorgaron licencia de construcción en su día aunque luego fuera anulada en los tribunales de Justicia. «Quienes compran de buena fe y no son advertidos de cargas o sentencias en el registro no pueden ser chivos expiatorios si existe la forma de devolver la construcción a la legalidad», apuntan técnicos del departamento autonómico de urbanismo que trabajan en estos asuntos.

Tribunales

En todo caso, la Administración gallega mantiene que los casos que todavía siguen coleando en los tribunales proceden de la década de los noventa, «y ahora no hay construcción irregular sin expediente», asegura la consellería. No obstante, siguen apareciendo sentencias, como la que en A Coruña declaró ilegal recientemente una licencia de un edificio en Someso.

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