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Publicado por admin o 7 Xuño 2011

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Antonio Roma Valdés: “Es fundamental demoler las obras hechas donde no debían”

Escrito por mpierres o 14 Xullo 2010

Antonio Roma Valdés, fiscal de urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ante la iglesia de San Fructuoso en Santiago.

Antonio Roma Valdés, fiscal de urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ante la iglesia de San Fructuoso en Santiago.

El Correo Gallego - 11.07.2010

Fiscal de Urbanismo del TSXG //Deben quedar muy claras las reglas sobre lo que se puede autorizar en Red Natura La reforma del Código Penal incluye como delito la falta de vigilancia

Antonio Roma Valdés (León, 1967; casado: dos hijos) es fiscal de Urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, carrera profesional a la que está dedicado en cuerpo y alma. Pertenece a una saga de juristas que va ya por su sexta generación. Su padre fue juez y su bisabuelo, fiscal. Ello no ha sido obstáculo para que conserve su afición a la numismática. Tal es así que a principios de diciembre de 2008 Roma Valdés obtuvo sobresaliente cum laude, con una tesis doctoral sobre La organización de las emisiones monetarias del Reino de León en la Edad Media, defendida en la Universidade de Santiago. Es autor de numerosos artículos, y de varios libros de Derecho; entre otros, un manual de Derecho Penal y La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural.

¿En la Edad Media había muchas crisis monetarias?

Las había, y mucho más graves que las que tenemos ahora. Eran un robo a todos los ciudadanos. Las devaluaciones castellanas fueron escandalosas en Europa.

¿Había mercado de divisas?

Por supuesto. Había divisas internacionales y se movían según las épocas. En el siglo XII, Galicia era una zona especial dentro de la península Ibérica, porque gobernaba la moneda francesa con exclusión de la moneda real. Además de las monedas internacionales, estaba el oro y plata. Los reyes de Castilla y León hubieron de recurrir a la moneda extranjera para hacer determinadas transacciones.

¿Con la crisis hay un descenso de los delitos urbanísticos?

Al reducirse la actividad en la construcción, también se ha reducido la construcción ilegal.

¿La función de los fiscales en urbanismo es sólo preservar la legalidad o también la calidad?

En Galicia, como en toda España, los fiscales de urbanismo controlamos específicamente la legalidad constructiva. Está contemplado como delito la construcción en zonas donde no se puede construir o la edificación en zonas calificadas de rústico ordinario. El 23 de junio se ha publicado en el BOE una reforma muy importante del Código Penal, que introduce nuevos delitos e incluye en ellos las obras de urbanización y la falta de vigilancia e inspección por parte de las autoridades. Esos delitos empezarán a funcionar dentro de seis meses. Se han aclarado los puntos oscuros. Por ejemplo, las urbanizaciones ilegales. Alguien parcelaba las zonas de suelo rústico protegido, y cedía cada una de las parcelas a personas para que construyesen en ellas sus propias viviendas. Eso también será castigado como delito.

¿El hecho de que el poder de decisión en urbanismo esté en manos de los ayuntamientos facilita o perjudica la ordenación?

El deseo es que no la perjudique. Se ha modificado la ley de ordenación urbanística de Galicia, dándole un mayor poder a los ayuntamientos, pero es de esperar que los ayuntamientos no cometan infracciones urbanísticas. Si las cometen, allí estaremos nosotros. La reforma de una ley por un Parlamento no puede considerarse como un elemento que determine la existencia de delitos.

¿Existe un perfil del agresor urbanístico y existen zonas en Galicia con mayor incidencia de los delitos urbanísticos?

No hay un perfil muy definido. Muchas de las denuncias que nos han llegado no procedían de los profesionales del urbanismo. Cuando surgió la figura del fiscal especialista en urbanismo, los medios se preguntaban si era para proteger a la sociedad de los constructores abusivos. Sin embargo, lo que se ha detectado son pequeños propietarios que han realizado galpones impresionantes, con auténticas casas, piscinas, yacusis y demás en zonas protegidas y bastantes desperdigadas. Donde más se ha llamado la atención, porque también se ha buscado más, es en las zonas costeras. Y ha habido denuncias.

¿Ha aumentado el porcentaje de denuncias de la Xunta?

No. Se va manteniendo. Desde que se ha creado la figura de los fiscales de urbanismo han pasado tres administraciones políticas distintas en la comunidad autónoma, y entiendo que la colaboración ha sido franca en su conjunto. Hay una cosa que nos preocupa tanto a nosotros como a la Xunta: poco favor se le hace desde la fiscalía a la sociedad si lo único que consigue es ponerle multa a los infractores. Lo fundamental es que desparezcan las obras realizadas donde no se debía hacer ninguna obra. La demolición es el objetivo número uno, y es compartido. Es lo que nos pide la sociedad a todos.

¿Qué opina de la prohibición cautelar de construir en la franja situada a 500 metros del mar?

Ha habido una polémica con transfondo político, y no quiero entrar en eso. Pero con independencia de determinadas normas, hay un valor ambiental, y es que en la zona de protección de costas existe una servidumbre pública y, por lo tanto, debe haber un control muy riguroso sobre las obras que allí se hagan.

El plan de Ordenación Territorial contempla la posibilidad de que en los sectores ambientalmente protegidos se pueda edificar de acuerdo a los planes sec toriales aprobados por la Xunta. ¿Es un factor de discrecionalidad que puede convertir en papel nojado la protección?

Le legislación urbanística es parte de un todo que se completa con otras leyes que buscan una protección en términos muy amplios -hay una protección paisajística, una protección del patrimonio cultural, una pro­tección del medio ambiente, una ley de costas-. Tantas leyes no siempre dan armonía. El planeamiento es muy largo de redactar porque tiene muchas normas que cumplimentar, muchas administraciones a las que informar, y al final, resulta que no es suficientemente claro. A los interpretes del derecho, que no participamos en la formación de estos planes, nos gustaría que las normas para aplicar fuesen claras. Necesitamos menos leyes, pero más claras, pues cuando tenemos antinomias, al final surgen anomias. De hecho, en algunas sentencias sobre delitos urbanísticos el exceso de leyes se ha interpretado de forma absolutoria. A veces las normas son absurdas y contienen provisiones que son imposibles.

¿Algún ejemplo?

Sí, cada casco histórico tiene una ficha de protección del planeamiento en la que se nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero, a veces son contradictorias, se nos dice que no se puede hacer porque precisamente se puede hacer.

¿En Galicia se están cumpliendo los objetivos con los que la UE impulsa la Red Natura?

En general, en España ha habido problemas en la adaptación de la Red Natura. Ha habido varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en las que se ha condenado a España. La legislación española en materia de Red Natura se ha limitado a copiar las directivas y pegarlas en normas internas, cuando lo que piden esas directivas es un desarrollo legislativo lo más detallado posible, y eso nos ha creado algunos problemas de apliación.

Da la impresión de que en España Red Natura está devaluada. Hay problemas de aplicación y es de desear que se vayan resolviendo. Deberían quedar muy claras las reglas sobre lo que se puede autorizar en el marco de lo que es la Red Natura.

¿El principio de reconocimiento mutuo que rige en la UE es aplicable al medioambiente?

Es una medida de cooperación judicial muy específica, y no, no está incluido. Lo que sí hace la UE es dictar determinadas normas que obligan a los estados a implantar en sus legislaciones determinadas formas de delito. La última reforma del Código Penal incluye también normas de protección del medioambiente como consecuencia de una directiva comunitaria. Los jueces comunitarios deben cooperar entre sí y cooperan. Hay pendiente otra reforma del Código Penal, que vendrá dentro de poco, referida a la directiva comunitaria sobre la contaminación ocasionada por buques.

¿Cómo está siendo la cooperación internacional en el caso del Prestige?

La cooperación judicial con las autoridades europeas y no sólo europeas ha sido ejemplar, por lo que respecta a la fiscalía, ayudando al Juzgado de Corcubión. Va a ser un juicio largo, complicado y seguramente atractivo para los medios.

¿Si hubiera un puerto refugio hubiera pasado lo que pasó?

No soy el técnico que sepa responder esa pregunta. Eso forma parte del enjuiciamiento, y tampoco es bueno que la Justicia hable de hipótesis o posibilidades. No se puede condenar a nadie por hipótesis. Entiendo que el fiscal lo ha llevado muy bien respecto de hechos claros.

¿El caso del Prestige acabará siendo un caso ejemplarizante?

Eso solo lo puede decir el tiempo. Lo deseable es que el juicio se celebre. Ese es el deseo que tiene la fiscalía en su conjunto.

Le pregunto eso porque, por desgracia, ese tipo de accidentes tienden a repetirse.

Sí, sí. El Prestige tenía un casco que era el que tenía y, evidentemente, eso ha dado lugar a errores que habrá que tener en cuenta en el futuro. Es lo que está pasando ahora con la plataforma petrolera en Estados Unidos.

¿En el Prestige, la Justicia llega tarde?

Llega tarde, pero también las decisiones hay que tomarlas con cierta distancia temporal para que los excesos de temperatura no perjudiquen la Justicia.

¿Ha habido falta de medios?

Ha habido una instrucción complicada. Son muchas las acusaciones personadas, cada cual con sus planteamientos, y hay un juez que tiene que controlar determinados ejercicios en la acusación. Nos hubiese gustado que hubiese acabado antes, pero tenemos unas resoluciones judiciales y un sistema que hay que respetar, defender y potenciar.

¿No había otras alternativas mejores que dejar que el caso se llevase en Corcubión?

En el momento en que se produce lo del Prestige quién iba a imaginar que le iba a tocar a un juzgado de Corcubión. Digo esto no porque los juzgados de Corcubión sean buenos o malos, pues tienen sus jueces de carrera y en este sentido están bien dotados. En los últimos años el derecho se está complicando. La última reforma del Código Penal es cada vez más técnica, y requiere mayor especialización de quienes intervienen instruyendo, investigando y juzgando. Los juzgados de Corcubión están muy bien para resolver los problemas habituales de allí, pero con lo del Prestige es un gran asunto. Eso lo notamos en el urbanismo: los jueces de Ins­trucción no son expertos en urbanismo, porque no están especializados en ello. Creo que el Consejo General de Poder Judicial y el propio Ministerio de Justicia son conscientes de que hacia el futuro las reformas deben tratar de sustraer de los partidos judiciales las causas grandes y procurar la especialización de los jueces, tanto de los que instruyen como de los que juzgan, así como de los fiscales que investigan. En el caso de la fiscalía hemos sido capaces de especializarnos en determinadas materias.

¿Los ciudadanos están elevando su nivel de exigencia en la calidad del medioambiente, del urbanismo, etc?

Como en todo, la sensibilidad va cambiando. Antes que alguien destruyese un objeto que tenía un valor cultural no le importaba mucho a los ciudadanos. Hoy la destrucción de cualquier objeto de valor cultural o una construcción donde no debe estar, llama la atención de los ciudadanos y trae consigo la atención de los medios. Eso es un hecho sano, porque significa que va calando la conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer.

¿El patrimonio cultural y paisajístico está suficientemente protegido?

En Galicia hay una ley del paisaje reciente, y hay una ley del patrimonio cultural. Curiosamente, en Italia cuando en 2004 legislan su ley de patrimonio cultural le llaman ley del patrimonio cultural y del paisaje. Unen las dos, porque el paisaje tiene un valor cultural que va más allá de lo que es un crecimiento sostenible. Cuando estamos hablando del paisaje estamos hablando también de formas productivas tradicionales que entroncan con un aspecto cultural, etnográfico, monumental. Uno va por la Toscana y ve una paleta de colores, una casa, unos árboles, olivos y vides. Y eso conforma un paisaje cultural. Con el tiempo, en Galicia tenderemos a esa protección mayor, exigida por normas europeas y convenios internacionales, sobre la zona de respeto de los monumentos, de las casas, de las aldeas históricas a proteger. El propio Camino de Santigo tiene un entorno de protección.

¿En la UE vamos hacia un espacio judicial común?

Hoy hay una cultura judicial europea y hay instituciones que la están practicando.

¿Dentro de la UE, a qué nivel está la Justicia española?

Los jueces y fiscales españoles está muy bien vistos. Las instituciones europeas tienen en España a uno de los países más cumplidores, de los que más solicitan la ayuda y de los que más ágilmente están resolviendo.

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