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Publicado por admin o 7 junio 2011

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Archivado en 22 noviembre 2010

Nueve meses de cárcel para los responsables de un accidente laboral mortal

Escrito por mpierres o 22 noviembre 2010

El Pais - San Sebastián - 19.11.2010

Cuatro responsables de una obra de demolición que se desarrollaba en Bergara y en la que murió un trabajador al caer de una galería con la excavadora que manejaba fueron condenados ayer a nueve meses de cárcel por un juzgado de San Sebastián, según informa la agencia de noticias Efe.

Los condenados son un arquitecto, el director facultativo de una inmobiliaria, el coordinador de los trabajos y el encargado de la obra, quienes durante el juicio se conformaron con la pena solicitada por la fiscalía, que les imputaba un delito de homicidio por imprudencia grave con las atenuantes de haber reparado el daño causado y de las dilaciones indebidas registradas en el proceso.

Los hechos acaecieron el 29 de abril de 2005 en el solar del barrio de San Antonio ocupado por Tavex Algodonera, que esta empresa había vendido a una promotora y a una inmobiliaria. Ambas compañías encargaron la demolición de los dos edificios existentes en los terrenos citados a una tercera firma que, a su vez, adjudicó los trabajos a una subcontrata.

El fallo del juzgado donostiarra detalla que el accidente sucedió cuando el maquinista de una excavadora hidraúlica de unas 36 toneladas de peso operaba en una sala de los pabellones “en cuyo subsuelo existía un sistema de aspiración de polvo de algodón”, consistente en una galería principal que atravesaba la planta y otras secundarias perpendiculares a la primera.

“Falta de previsión”

La sentencia concreta que “como consecuencia de la falta de previsión de la existencia de galerías y, por lo tanto, de la ausencia de las medidas de seguridad oportunas”, la excavadora “se hundió al derrumbarse el forjado” y ocasionó la muerte del trabajador. Los cuatro procesados “no adoptaron las necesarias medidas de seguridad” para desarrollar este trabajo “infringiendo con ello las disposiciones” legales.

El fallo recuerda que los cuatro acusados ya abonaron las correspondientes indemnizaciones a los perjudicados antes de la celebración de la vista judicial, por lo que les aplica la atenuante de reparación del daño causado.

Dueños de 2.300 viviendas tratan de legalizarlas y evitar su derribo

Escrito por mpierres o 22 noviembre 2010

La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 21.11.2010

La Fiscalía defiende la piqueta como solución ejemplarizante y forma de hacer desaparecer el delito

Entre el año pasado y lo que va del presente 46 particulares han llevado a cabo en Galicia la demolición de sus edificaciones declaradas ilegales judicial o administrativamente, mientras que la Xunta ha hecho lo mismo con otras 13.

Por primera vez en la historia, el Ejecutivo autónomo constata un mayor número de derribos ejecutados por los particulares sancionados que los que lleva a cabo la Administración, hecho que a juicio de la Consellería de Medio Ambiente e Territorio evidencia que se ha instalado la convicción de que los derribos son ineludibles cuando se construye sin licencia o la edificación vulnera lo permitido.

Pero mientras cunde la acción de la piqueta, sobre todo en viviendas unifamiliares y galpones, decenas de edificios acumulan hasta varios lustros con sentencias de derribo firmes en medio de recursos promovidos por sus propietarios para evitar perder sus hogares.

Unos 2.303 dueños de viviendas están en esa situación en la comunidad, según las estimaciones realizadas sumando las sentencias de derribo dictadas.

Licencia como atenuante

En un porcentaje muy alto, esos fallos que ordenan la acción de la piqueta se producen sobre edificaciones que contaron con licencia municipal, circunstancia que esgrimen sus dueños para tratar de salvar sus hogares o en último extremo lograr una indemnización de los consistorios que permitieron la construcción luego considerada ilegal.

La modificación del planeamiento para encajar la construcción amenazada de derribo es la vía más demandada, como acaba de ocurrir en Vigo con 180 pisos de la calle Jacinto Benavente, ya legales pese a contar con sentencia de derribo firme desde el 2003; o como se tramita en esa ciudad en las Torres Ifer y sus 104 viviendas y los 56 de la urbanización de A Pastora, o en A Coruña con el centenar de las del edificio Fenosa.

«La demolición no es sencilla, su ejecución exige una tramitación casi similar a la del propio juicio, lo que acaba por dificultar mucho su ejecución», apunta Álvaro García Ortiz, fiscal coordinador en materia de medio ambiente y urbanismo en Galicia. Pese a recalcar que «demoler no es sencillo», el representante del ministerio público considera que la piqueta ejemplifica perfectamente los riesgos del urbanismo ilegal, «y el delito desaparece», añade García Ortiz.

Para el fiscal especializado en urbanismo, las edificaciones no se pueden indultar desde el punto de vista penal, aunque se adapte la legislación urbanística a ellas para salvarlas. «Castigamos al infractor y puede tener que hacer frente igual a multas o incluso cárcel», advierte.

Como filosofía general, la Xunta defiende la misma vía del derribo como la más útil para reponer la legalidad, asegurando incluso que la publicidad dada a las demoliciones ha frenado los desmanes urbanísticos, más incluso que la acción de divulgación.

Pero desde la Consellería de Medio Ambiente e Territorio se hace una distinción importante con los casos a los que los ayuntamientos otorgaron licencia de construcción en su día aunque luego fuera anulada en los tribunales de Justicia. «Quienes compran de buena fe y no son advertidos de cargas o sentencias en el registro no pueden ser chivos expiatorios si existe la forma de devolver la construcción a la legalidad», apuntan técnicos del departamento autonómico de urbanismo que trabajan en estos asuntos.

Tribunales

En todo caso, la Administración gallega mantiene que los casos que todavía siguen coleando en los tribunales proceden de la década de los noventa, «y ahora no hay construcción irregular sin expediente», asegura la consellería. No obstante, siguen apareciendo sentencias, como la que en A Coruña declaró ilegal recientemente una licencia de un edificio en Someso.

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