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Publicado por admin o 7 junio 2011

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Esta vendo lei de costas

Cañete anuncia una “reforma muy profunda” de la Ley de Costas

Escrito por mpierres o 16 enero 2012

El Pais - Madrid 13 ENE 2012

La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una “reforma muy profunda” para “poner en valor” el litoral, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente. Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea ha anunciado que “simplificará trámites ambientales” y potenciará el turismo en parques nacionales.

En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: “Nos gustan los chiringuitos”, que se habían convertido en un símbolo de la utilización política de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.

Personalidades relevantes del PP como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo habían mantenido la pasada legislatura reuniones con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, estaba preparando documentación sobre cómo se debería reformar.

Aunque el programa electoral del PP no citaba una modificación de la ley, Cañete ha anunciado hoy una reforma legal a fondo para “poner en valor el litoral” para “armonizar el desarrollo económico con la decida protección de los recursos naturales”.

Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un grave problema de inseguridad jurídica, que se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio. Además, hay presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados extranjeros porque hay miles de extranjeros afectados.

La norma, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no establece una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, son de dominio público “las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación” y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.

Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido. Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad, por lo que tampoco pueden vender. Los ecologistas sostienen que cualquiera que se hubiera informado ya sabía que había una Ley de Costas y con preguntar se habría evitado problemas.

En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es extremadamente complejo porque en los más de 20 años desde la aprobación ha habido expropiaciones y derribos de cientos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones al Estado.

El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal a través de la Ley de Navegación Marítima pero encalló en el Congreso. Ahora, con este cambio, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería “dramático”, según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.

Además, Arias Cañete ha anunciado una “simplificación de la normativa ambiental” para “agilizar trámites” y que no se frene la inversión. El ministerio tiene un atasco en las declaraciones de impacto ambiental que a veces duran años.

En la línea de reducir las trabas ambientales, Arias Cañete también ha anunciado que quiere potenciar “las actividades turísticas en los parques nacionales”.

Como sus predecesores, el ministro ha anunciado su intención de alcanzar un “pacto nacional” del agua. El anhelado pacto puede ahora ser más viable puesto que el PP también gobierna en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana, regiones clave para solucionar el déficit hídrico del Levante.

El BNG pide en el Congreso que cambie la Ley de Costas

Escrito por mpierres o 9 diciembre 2009

loira Correo Gallego - 09.12.09

El BNG quiere salvar a varios núcleos costeros gallegos en los que las casas están pegadas al mar. Los diputados nacionalistas en el Congreso, Francisco Jorquera y Olaia Fernández Davila, han registrado en la Cámara Baja una proposición de ley para modificar la normativa estatal de Costas. El objetivo es acabar con la “inseguridad jurídica” de estos asentamientos.

La Ley de Costas establece una servidumbre de dominio público marítimo terrestre de 20 metros para el suelo calificado como urbano antes de la entrada en vigor de esta normativa, mientras que para el resto del territorio la servidumbre de protección del litoral se establece en los 100 metros. Los diputados del BNG recuerdan que en Galicia esta aplicación legal suscita una “problemática” derivada de la existencia de numerosos municipios que cuentan con asentamientos de población tradicionales, situados en la costa desde el siglo XIX y vinculados a actividades pesqueras. Según informó ayer el BNG en un comunicado, la entrada en vigor de la ley dejó afectados a estos núcleos por la servidumbre de 100 metros en lugar de los 20 metros que fija el texto legal para suelos urbanos. El problema es que la normativa de planeamiento municipal los ha asignado como suelo no urbanizable, pese a reunir los requisitos “para ser calificados como suelo urbano”. En esta situación se encuentran asentamientos de Marín, Illa de Arousa, Ribeira, Moaña, Redondela, Pobra do Caramiñal o Malpica.

La Xunta, en uso de las competencias exclusivas que marca el Estatuto, aprobó (con el Bipartito y por unanimidad del Parlamento) una modificación de ley autonómica 9/2002, de Ordenación Urbanística y de Protección del medio rural de Galicia, para solucionar esta situación.

Sin embargo, el Estado presentó un recurso de invasión de competencias a la Disposición Adicional Segunda de la Ley Autonómica de Vivienda de Galicia. “Esta disposición establece una salida legal para los núcleos preexistentes de carácter tradicional afectados por un error en la clasificación urbanística” municipal, manifiestan los nacionalistas en su iniciativa.

Jorquera y Davila subrayaron que este cambio había “proporcionado una respuesta idónea a la grave problemática”. Por ello, el BNG demanda en una proposición de ley que se incorpore a la Ley de Costas la regulación específica de las particularidades de los asentamientos de población tradicionales en el litoral gallego, recogida en la legislación autonómica, con el objetivo de dotar de “coherencia” a la regulación de estas situaciones y “evitar las posibles dificultades” interpretativas que generen inseguridad jurídica.

MARÍN

200 casas con un futuro incierto

Más de 200 casas de cinco núcleos costeros de Marín se encuentran en una situación de inseguridad jurídica por la aplicación de la Ley de Costas. Los vecinos de L oira, Aguete, Mogor, Teoira y Casás viven inmersos en un conflicto. Sobre ellos podrían recaer cuantiosas multas por reformar sus hogares sin contar con la licencia del Gobierno central. El problema se remonta a 1988 cuando se aprobó la Ley de Costas. Los núcleos rurales situados a menos de 100 metros de la línea marítima tenían que comunicar al Ministerio su “preexistencia”. Pero el Ayuntamiento no envió la documentación, con lo que las casas quedaron dentro de la servidumbre de dominio público -y por tanto propiedad del Estado- que se establece entre los 20 y los 100 metros del litoral.

Ajenos a esta situación los vecinos acometieron las obras en sus casas ya que desconocían que tenían que pedir permiso a Madrid. A partir del año 2003 los inspectores de Costas empezaron a abrir expedientes por realizar reformas estructurales en las viviendas. Las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros mensuales, según han asegurado fuentes del ayuntamiento de Marín. Desde el Concello se reclama a la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa que solucione la situación ya que los vecinos no pueden estar indefensos ante un error administrativo cometido en el pasado .

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