replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 junio 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Tesorera: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Secretario: D. Wenceslao López Velasco secretario.pontevedra@colexiodearquitectos.org
Podeis contactar directamente con la Junta Directiva a través de la siguiente dirección de correo:
xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org

 

Esta vendo Planeamiento

Hernández presenta la Directrices para la Ordenación del Territorio y ve posible un pacto

Escrito por mpierres o 2 julio 2010

Diario de Pontevedra - 30.06.2010

Con la vocación de conseguir poner fin a un camino iniciado en 1995, el jueves se iniciará el periodo de exposición pública de las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) de Galicia, que estarán disponibles durante un plazo de dos meses para recibir las alegaciones y consideraciones oportunas.

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, presentó este miércoles el documento, sobre el que resaltó que se abre un amplio margen para ”alcanzar un punto de acuerdo en el deseado Pacto polo Territorio”.

En rueda de prensa, Hernández anunció que había remitido este miércoles el texto a los grupos parlamentarios, sindicatos, patronal y a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). ”Se abren dos meses [julio y agosto] para enriquecer el documento y para alcanzar un consenso amplio”, proclamó Hernández.

El objetivo es que las DOT estén aprobadas antes de que finalice el año y antes de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Litoral (POL), que la Xunta espera sacar a información pública en julio.

”Seguridad jurídica”

El conselleiro destacó que las directrices aportarán ‘’seguridad jurídica” a los ayuntamientos, al ”crear un marco lógico y estratégico para todo el territorio”. Hernández añadió que el texto apuesta ”por la innovación de las distintas realidades territoriales” y por un ”crecimiento urbano compacto”, con especial atención a los criterios ambientales y al rural, indicó.

Hernández también hizo hincapié en que el texto está actualizado con la incorporación de todas las leyes aprobadas desde 1995 sobre territorio, desde la Lei da Paisaxe hasta la última reforma de la Lei do Solo o la ley estatal de sostenibilidad. 

También recalcó que, frente a anteriores propuestas, se hace ”más explícita” la necesidad de coordinación entre administraciones. Además, el conselleiro indicó que las DOT fijan que las vilas y pequeñas ciudades estarán conectadas con las áreas urbanas por vías de altas prestaciones.

Cuatro tipos de asentamientos
El documento define cuatro tipos básicos de asentamientos: regiones y áreas urbanas, sistema urbano intermedio, nodos para el equilibrio del territorio y núcleos principales municipales y parroquiales. Las regiones y áreas urbanas se definen como espacios dinámicos de crecimiento económico y de población.

Las áreas urbanas son aquellos espacios configurados alrededor de las siete ciudades de Galicia: A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra y Ferrol. Por su parte, el sistema urbano intermedio lo forman los núcleos de mediano tamaño entre los 7.000 y los 20.000 habitantes, ”centros dinámicos social y económicamente enfocados a asumir una mayor centralidad y protagonismo”.

Los nodos para el equilibrio del territorio son un conjunto de núcleos distribuidos por todo el territorio, capaces de acoger funciones urbanas básicas para garantizar el acceso de la población rural a los servicios que la sociedad actual requiere. Por último, se contemplan los núcleos principales municipales y parroquiales, distribuidos para fijar población. ”Las directrices recogen la realidad de 30.000 núcleos rurales”, apuntó Hernández.

Recomendaciones
Las directrices incluyen una serie de recomendaciones en su parte final: unas de carácter excluyente, es decir, de aplicación directa una vez se aprueben las DOT, y otras orientativas. Entre las excluyentes, se incluyen la priorización de la alta velocidad ferroviaria o el dejar la red convencional de tren para ”transporte de mercancías o de proximidade”.

También se recoge que, en los nuevos desarrollos urbanísticos, los tendidos y redes de las instalaciones energéticas serán subterráneas. Entre las recomendaciones orientativas se recoge, por ejemplo, que el aeropuerto de Lavacolla se configurará como el de conexión internacional de Galicia para vuelos transoceánicos.

Jornadas sobre la reforma de la Ley de ordenación urbanística de Galicia.

Escrito por mpierres o 25 mayo 2010

A EGAP celebrará unhas Xornadas sobre a Lei de ordenación urbanística de Galicia. Na nosa cidade terán lugar o vindeiro 16 de xuño, no salón de actos do edificio administrativo da Xunta de Galicia, situado na rúa Fernández Ladreda, nº 43.

Na seguinte ligazón podedes atopar o boletín de inscrición e o programa detallado das Xornadas: + información

Los concellos rechazan la ley del litoral por invadir sus competencias

Escrito por mpierres o 19 mayo 2010

El Correo Gallego - 19.05.2010

Exigencia a la Xunta: que se mantenga la prohibición de edificar en los 500 metros

Se quebró, al menos parcialmente, el acuerdo inicial entre la Xunta y la Fegamp. Carlos Fernández aseguró que los ayuntamientos consideran que se produce una “invasión de competencias municipales” en el Plan de Ordenación del Litoral por lo que su aprobación, con el alcance territorial que se plasma en la actualidad, “comporta una seria y grave vulneración del principio de autonomía local que justifica sobradamente la emisión de un informe desfavorable”.

Así, expuso Fernández durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudia el Plan de Litoral, este informe desfavorable de los municipios va acompañado de una “petición de rectificación” del documento elaborado por el Gobierno gallego, en el que reclaman que se excluyan de su ámbito de aplicación los terrenos que no se correspondan con la franja de 500 metros, sobre la que la legislación admite que “afecta a los intereses autonómicos”.

Respecto a la ampliación de la aplicación de la ley que prohíbe construir en los 500 metros más próximos a la costa -recientemente aprobada por la Xunta para unos meses más, a la espera de la aprobación inicial del POL-, Fernández manifestó que esta decisión tiene “serias dudas jurídicas” y se mostró a favor de que las “cautelas” no se levanten hasta que entre en vigor el texto definitivo, que el Gobierno gallego prevé.

El responsable de la F­egamp indicó que el análisis del documento del POL, que consideró “incompleto” y con “importantes carencias e imprecisiones”, sitúa a los ayuntamientos ante un escenario “altamente preocupante desde la perspectiva de la autonomía local”, pues, en el ámbito de afección hay “una abierta extralimitación” de lo que se considera de interés autonómico.

“NUEVA CULTURA DEL SUELO”

•••Por su parte, el presidente de la comisión de planeamiento del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), César Coll, elogió que se utilicen elementos “cualitativos” para la ordenación urbanística y que se busque con ello una “nueva cultura” para los usos del suelo. Sugirió la creación de estructuras de carácter multidisciplinar, en las que estén presentes los profesionales, para desarrollar las políticas del territorio. En cualquier caso, Coll pidió que los criterios sobre un nuevo concepto del uso del suelo no se limiten a los municipios costeros y consideró que sería “deseable” que el plan contase con un “apoyo social y político mayoritario” para que se mantenga en el tiempo y termine por consolidarse.

Hoy Jueves a las 17:00 h :Convocatoria Comisión de Planeamiento

Escrito por mpierres o 11 mayo 2010

Hoy martes día 11 de mayo, a las 17:00 horas,se  celebrará una reunión de la Comisión de Planeamiento de acuerdo con el  siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Análisis del trazado del AVE en los Ayuntamientos de la Delegación

2. Ruegos y preguntas.

Nota: se recuerda que la participación en las reuniones de Comisiones está abierta a todos los colegiados de esta Delegación.

La agencia de control urbanístico incrementó un 4.200% los derribos

Escrito por mpierres o 30 marzo 2010

El Pais - Galicia -JOSÉ PRECEDO- 30.03.2010

Desde el 31 de julio de 1980, día en que el Gobierno de Adolfo Suárez transfirió las competencias sobre urbanismo a Galicia, hasta 2007, una única construcción ilegal fue demolida en la comunidad. Durante casi tres décadas, ese expediente de derribo fue toda la contundencia que demostraron siete gobiernos distintos frente a la anarquía inmobiliaria que reinó en el interior y la costa cuando estalló el boom urbanístico.

En sólo dos años, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que acaba de descabezar, previa modificación de sus estatutos, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas presidida por Agustín Hernández, había revertido esa situación. Durante 2008 y 2009, el organismo independiente que impulsó el bipartito ejecutó 42 órdenes de demolición, cinco en su primer año de funcionamiento y 37 el ejercicio pasado y firmó expedientes por los que incrementó sus sanciones hasta 8.335.859 euros.

Con una labor ingente por delante, la estrategia diseñada por el organismo cuando sus inspectores empezaron a pisar las obras pasaba por poner fin a la sensación de impunidad que amparaba a los infractores, ya fueran constructores o alcaldes. Proliferaron los expedientes de restauración de la legalidad (169 entre 2008 y 2009) y las excavadoras irrumpieron por fin en los solares para tumbar edificaciones ilegales. Las actas de inspección aumentaron al mismo ritmo que los medios de la APLU: en 2008 fueron 265, un año más tarde, 517. En este tiempo, los expedientes informativos se multiplicaron por cuatro hasta los 887 durante 2009 y se presentaron 208 recursos en los tribunales, incluidos los que pretenden anular las licencias y poner fin al desaforado crecimiento en Barreiros, y que el juez ya ha empezado a anular. Igual que los expedientes sancionadores, que pasaron de 12 a 44.

El grado de efectividad de sus acciones judiciales no deja lugar a dudas: los pleitos planteados por la agencia se resolvieron con 114 sentencias favorables y 18 desfavorables. En el caso de los juicios que afectaron a demoliciones y sanciones, el 99% cayeron del lado del ente adscrito al Gobierno gallego.

Además, en virtud de un convenio con la fiscalía, la documentación de los casos más graves se remitían al ministerio público que obtuvo de ese modo jugosa información con la que sustanciar sus denuncias, la última por prevaricación urbanística contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, del PP, tres de sus concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada.

Esa fue la silenciosa labor que desde 2007 ha efectuado el ente al que ahora pretende restar competencias y personal la Xunta de Feijóo. Según fuentes próximas a este organismo, la relación de puestos de trabajo que diseña su nueva directora, María Fernández Allegue, prescindirá de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería. Ésta también se ha reservado la capacidad para destituir y nombrar al director de la APLU, hasta ahora a salvo de presiones políticas.

Desde que la consellería de Política Territorial de María José Caride la puso en marcha, los técnicos de la agencia resolvieron 539 solicitudes de autorización sobre usos en zonas de servidumbre (los primeros 100 metros de la costa). Una tarea que ya no ocupará más a sus funcionarios puesto que el cambio de los estatutos además de servir en bandeja el cese de su anterior director, Hipólito Pérez, otorga esa atribución, la de permitir infraestructuras junto al mar (aparcamientos, chiringuitos, piscifactorías y paseos marítimos municipales) a la Dirección Xeral de Urbanismo.

Durante los dos últimos años, sus funcionarios atendieron 1.000 consultas efectuadas por técnicos y personal municipal, y 12.000 efectuadas por los ciudadanos.

Pese a la falta de colaboración de algunos alcaldes, los inspectores de la Xunta habían empezado a detectar una disminución de las obras que comienzaban sin licencia autonómica. Esa es la constatación que arrojan las inspecciones en todas las provincias salvo en la de Pontevedra en la que se siguen detectando contrucciones irregulares.

La Xunta introduce cambios en el contenido del Plan do Litoral para permitir la sede judicial de A Parda

Escrito por mpierres o 26 marzo 2010

Faro de Vigo - 26.03.2010- N. DAVILA - PONTEVEDRA

Medio Ambiente suprime la Protección de Bosque a la parcela elegida para el futuro edificio de juzgados y que imposibilitaba su ejecución

Las advertencias que desde hace varias semanas lanza el gobierno local sobre las limitaciones urbanísticas y edificatorias que provocará el Plan do Litoral (POL) en el municipio de Pontevedra no parecen tan “incendiarias” como denuncia el PP. Al menos así se desprende de un informe que acaba de emitir la Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe de la Consellería de Medio Ambiente referida a una de las parcelas sobre las que el Concello había alertado: el solar reservado en A Parda para albergar el futuro edificio judicial. La Xunta ha eliminado las protecciones aplicadas en el POL a esos terrenos, con el fin de permitir la construcción de la citada sede judicial.
Esta medida, que pasa de otorgar una severa Protección de Bosque a la zona a suprimir directamente cualquier tipo de cautela, sin términos medios, da la razón, al menos en apariencia, al gobierno local cuando alertó de que con las limitaciones del POL resultaría imposible levantar un edificio en esa parcela. De hecho, el informe conocido ayer, y hecho público por la concejala de Urbanismo, Teresa Casal, fue expresamente solicitado por el concello a la Consellería de Xustiza, con el fin de aclarar las posibilidades urbanísticas de la parcela. El departamento que dirige Alfonso Rueda solicitó esas aclaraciones a Medio Ambiente y la respuesta ha sido bastante rotunda: un solar que inicialmente se consideraba un “bosque”, queda ahora “fuera del ámbito de aplicación del POL” ya que la vegetación que alberga es de “carácter mixto, con una funcionalidad y valores muy limitados”, según se comprobó en una “visita” a la zona.
Se trata, por tanto, de la primera modificación concreta del Plan do Litoral que realiza la Xunta en el municipio de Pontevedra. Teresa Casal subrayó ayer que “este medida, además de permitir la construcción del edificio judicial, viene a suponer una clara desautorización del Gobierno gallego a su delegado territorial, José Manuel Cores Tourís”, que en su día dijo que el POL no suponía obstáculo alguno para edificar en esa parcela de A Parda. Otras fuentes del gobierno local han apuntado que “si la Xunta se equivocó en este caso, también lo ha hecho en otros muchos puntos del municipio”, por lo que solicitan que se realicen las mismas revisiones de A Parda en todo el concello.

Informe

En concreto, el informe conocido ayer y firmado el pasado día 22 por Manuel Borobio, director xeral de Sostibilidade e Paisaxe, dice que “la parcela se encuentra en el ámbito que el POL reconoce como de ordenación, ámbito en el que serán autorizables los usos y edificaciones permitidos por el planeamiento urbanístico conforme a las características y naturaleza de los suelos. La existencia en la parcela de vegetación de interés (digitalizado como zona boscosa un área interior de la trama urbana) forma parte de la revisión cartográfica que se realiza durante esta fase de informe de los concellos.
En este caso concreto, se visitó la parcela y se constató que se trata de una vegetación de carácter mixto, con una funcionalidad y valores muy limitados, y que no tiene dimensión o entidad suficiente a escala territorial del documento elaborado y por lo tanto, se considera que no cumple las condiciones para considerarla Protección de Bosque. Por ello, será revisada esta cartografía y eliminada la protección de bosque en la versión para la aprobación inicial del POL”.

Los alcaldes evitan tirar 3.000 edificios ilegales por el coste de las demoliciones

Escrito por mpierres o 15 marzo 2010

El Pais - CRISTINA HUETE - Ourense - 15/03/2010

Los promotores admiten que los municipios bien asesorados esquivan los derribos

El urbanismo gallego se resiente de años de laxitud normativa. Galicia acumula, por varios miles, sentencias judiciales de derribo de inmuebles -la mayor parte de las veces por concesión de licencias ilegales- que en buena medida acaban sin ejecutar. Responsables municipales de urbanismo, promotores y arquitectos coinciden en dibujar un complejo panorama urbanístico que comienza con el “dejar hacer” de los gobiernos locales y acaba erosionando las arcas municipales.

Cada sentencia de derribo, y pesan cerca de 3.000 sobre los ayuntamientos gallegos, obliga a los gobiernos locales no sólo a afrontar el gasto de la demolición de la obra declarada ilegal, sino también el de indemnización a los vecinos afectados. Y el problema es que la mayor parte de los municipios carecen de presupuesto suficiente para hacer frente al gasto, con lo que se embarcan en un vía crucis de apelaciones y aplazamientos con desigual fortuna para el erario público de cada Administración local.

“Aunque la ley es igual para todos, los ayuntamientos con mejores equipos jurídicos suelen evitar la demolición tras las continuas apelaciones”, sostiene Benito Iglesias, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Ourense (Adeido).

Los ayuntamientos disponen de una partida económica para asumir los gastos de los derribos de inmuebles que varía en función de sus presupuestos, pero que siempre resulta insuficiente. En Ourense, las ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulan en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) dan cuenta de la situación urbanística en que se encuentra la ciudad.

La concejala responsable de este departamento, Áurea Soto, estimó en 40 millones de euros la demolición, ordenada por sentencia, de la plaza de San Antonio, en el centro de la ciudad. El gobierno anterior, que había concedido la licencia, solicitó en su día la no ejecución y el tribunal la negó. El nuevo grupo de gobierno volvió a pedirla. Y la consiguió. “Presentamos una propuesta muy bien elaborada con el trabajo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, del coordinador de Urbanismo y con una buena asistencia técnica”, señala Soto. El alto tribunal gallego aceptó que no se ejecutase e impuso al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 360.000 euros a la demandante. El ahorro fue considerable.

El representante de los promotores echa en falta una normativa “unificada y clara” en lugar de “la multitud existente de leyes” que permite “a los mejores juristas” conseguir su propósito de dejar en pie el edificio mientras los ayuntamientos con menos recursos “suelen acabar asumiendo estos costes”.

Iglesias lamenta, además, la “ausencia” de órganos de control fundamentales “tanto municipales como judiciales” para evitar en un caso la concesión de licencias irregulares y, en el otro, el “desigual cumplimiento de las sentencias”.

El arquitecto, y presidente del colectivo ourensano, Xan Rodríguez, enmarca el problema en el “tradicional dejar hacer” de las Administraciones y sostiene que ahora pagan “todos los ciudadanos las consecuencias”. Rodríguez reconoce que los ayuntamientos tienen herramientas para cumplir las sentencias “pero sale caro y, además, es muy impopular”, y difícil de asumir, en especial para los políticos con licencias ilegales otorgadas por sus antecesores.

Las herramientas con las que cuentan los ayuntamientos son contadas: “Buenos técnicos y buenos jurídicos con dedicación exclusiva a la Administración” que redacten buenos documentos o que “controlen la calidad de los externos”, explica Soto. Se trata de un largo proceso, porque los expedientes duran una media de 10 años.

Los ayuntamientos de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago y Ourense se han dotado de los servicios de despachos externos paralelos a los que pueden solicitar que se centren en un expediente concreto cada cierto tiempo, garantizándose así la presentación de los mejores recursos ante la Justicia. Los que carecen de estos medios estiran en lo posible los plazos mientras intentan legalizar sus planeamientos urbanísticos, aunque al final “el peso de la ley acaba cayendo siempre sobre ellos”, sentencia el promotor inmobiliario.

Medio Ambiente da otro mes a los alcaldes para estudiar el plan del litoral, pero no prorrogará el veto de los 500 metros

Escrito por mpierres o 10 marzo 2010

presidente-fegamp-y-hernandez

Los alcaldes de los 84 concellos en los que será de aplicación el plan del litoral tendrán un mes de plazo adicional para estudiar el documento de la Xunta y formular sugerencias, pero esa ampliación no trastocará la decisión del Gobierno de Feijoo de eludir una nueva prórroga de la ley que desde mayo del 2007 prohíbe construir a menos de 500 metros del mar. El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, y el presidente de la Fegamp, el socialista Carlos Fernández, cerraron ayer en media hora la fórmula que permite encajar en el ajustado calendario de tramitación del plan la demanda del órgano municipalista de ampliar el plazo para analizar el texto.

Hernández subrayó que el mes extra incrementa en un 50% el período de consultas, con lo que el plazo se extenderá hasta el 10 de mayo. El responsable de la Fegamp apuntó que, si bien los alcaldes pedían una moratoria de tres meses para revisar un texto «farragoso», también saben que no deben «dar a imaxe de querer dilatar en exceso este proceso». Fernández aprovechó la cita para sugerir, de puertas adentro, una segunda prórroga de la ley de los 500 metros. Pero la Xunta descarta esa opción.

Liberación de 31.000 hectáreas

De hecho, el conselleiro resaltó que el objetivo de la Xunta es tener resuelta esa fase de consultas antes de que, el próximo 17 de mayo, expire ese veto transitorio. En ese sentido, la ampliación del período de audiencia también retrasará a mayo la previsión de iniciar en abril la retirada progresiva de la prohibición cautelar, que liberará 30.798 hectáreas: 17.037 de suelo urbano y 13.761 de núcleos rurales, a las que se sumarán los suelos urbanizables desarrollados que la Xunta concrete con los concellos durante esta fase.

El PP aboga por “sacar del limbo” todas las viviendas sin licencia

Escrito por mpierres o 25 febrero 2010

debate-lei-do-solo

Emilio Pérez Touriño no asistió al debate ni se presentó a la posterior votación.- ANXO IGLESIAS

El Pais - PABLO LÓPEZ - Santiago - 24/02/2010

Los socialistas dan un “sí condicionado” a la reforma de la Lei do Solo

Bajo el argumento de “dar respuesta a una necesidad que existe”, el Grupo Parlamentario Popular defendió ayer en el Parlamento la legalización generalizada de decenas de miles de casas construidas sin licencia contemplada en la reforma de la Lei do Solo. Su diputado Román Rodríguez rechazó calificarlo de “amnistía general”, y sostuvo que se trata de viviendas “construidas por nuestros abuelos y abuelas” sin permiso de obra. “¿Qué se hace con ellas, las dejamos en el limbo?”, se preguntó. La ley inició su trámite parlamentario con el único rechazo del BNG, cuya enmienda a la totalidad no recibió el respaldo de ningún otro grupo.

Se materializó así el apoyo matizado del PSdeG a la reforma de la ley, a pesar de las duras críticas vertidas el pasado domingo por el ex presidente Emilio Pérez Touriño, que no apareció por el pleno ni durante el debate ni para la votación. Fue la portavoz de Territorio del Grupo Socialista, Mar Barcón, la encargada de explicar el “sí condicionado” al proyecto, con la intención de mejorarlo “por la vía de las enmiendas parciales”. Entre ellas, la que pretende excluir los suelos protegidos de la amnistía para las viviendas sin licencia. “Tendemos la mano por responsabilidad, pero no es un cheque en blanco”, advirtió Barcón, que defendió la necesidad de superar “la vergüenza de no haber cerrado el debate sobre el territorio”.

“Se trata de una ley cuya necesidad no compartimos, cuya urgencia no defendemos y cuyo alcance no asumimos”, apuntó Barcón. Añadió que es un proyecto “cortoplacista” que no da respuesta a las demandas de los ayuntamientos, en contra de lo que sostiene la Consellería de Medio Ambiente, y que “añade incertidumbres, discrecionalidad e inseguridad jurídica”. Pero marcadas las diferencias, la diputada del PSdeG apostó por una colaboración que facilite el pacto por el territorio que vienen demandando los socialistas, “para alcanzar un marco normativo estable, seguro y de consenso”.

La alianza que comenzó a fraguarse ayer deja aislado al BNG, que asumió con gusto el papel de “voz crítica” del urbanismo. “Siempre estaremos a favor del consenso, pero no firmaremos ningún cheque en blanco”, advirtió la diputada nacionalista Teresa Táboas. El Bloque defendió su enmienda a la totalidad -rechazada con el voto negativo del PP y la abstención del PSdeG- por el “fuerte impacto sobre el territorio” de la ley, que provocará “todo lo contrario” de lo que recoge su exposición de motivos. Táboas censuró el “oportunismo político” de la consellería, y su apuesta por un modelo que favorece “la especulación” y “la dispersión” en el rural.

Todo lo contrario de lo expuesto por el conselleiro, Agustín Hernández. Se trata de una modificación “necesaria e inaplazable”, explicó para defender la elección del trámite de urgencia. Citó además el acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias, cuyas demandas se ven recogidas en el texto. “Es el momento de que Galicia apruebe la asignatura de la ordenación, protección y mejora del territorio”, reivindicó.

La Xunta frena el Plan Xeral de Cruces por proponer que se tripliquen las viviendas

Escrito por mpierres o 24 febrero 2010

Faro de Vigo -ALFONSO LOÑO - VILA DE CRUCES- 24.02.2010

La Xunta echó atrás la propuesta de aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vila de Cruces e insta al concello a incluir importantes modificaciones para sacar adelante el documento. La Consellería de Medio Ambiente hizo público ayer un informe en el que cuestiona el crecimiento urbanístico propuesto por el gobierno local, quien apuesta por triplicar en una década el censo de viviendas en el municipio.
La Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo desaprueba que el municipio pase a contar con 12.800 residencias en 10 años, luego de plantear 9.814 en el suelo residencial, áreas de expansión y núcleos tradicionales, una vez que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Cruces tenía en 2001 un total de 2.993 casas y un censo de 6.475 vecinos. La consellería advierte también que “a evolución da poboación amosa unha dimámica demográfica negativa” y advierte que el Plan Xeral carece de un estudio detallado sobre el crecimiento del parque de residencias “que xustifique as necesidades de vivenda para un horizonte temporal de 10 anos”, explica. El gobierno gallego objeta la compatibilidad de usos remitida por el concello en lo que respecta a la creación de nuevos desarrollos residenciales, en una zona donde se pretende potenciar el uso industrial e invita al gobierno local a justificar la clasificación como suelo urbanizable empresarial instalaciones tan aisladas entre sí. Y apercibe al ejecutivo sobre la previsión de crear otro polígono industrial en Sabrexo, una vez que, tal y como recoge el estudio de sostenibilidad del plan, pueden ocasionarse impactos en el paisaje de este entorno.
Urbanismo incide en que no existe una correspondencia entre el crecimiento proyectado y la capacidad de las redes de servicios de abastecimiento y saneamiento, además de reclamar que el Plan Xeral debe concretar las actuaciones a llevar a cabo para adaptar la propuesta futura a las infraestructuras actuales. Apunta que se deben calificar como sistemas generales las depuradoras de agua y depósitos municipales y considerar como sistema general viario la glorieta situada al norte del suelo urbano y aclarar su conexión con la carretera autonómica.

Fontao

Por otro lado, la Xunta reclama al concello que concrete la clasificación del suelo del plan especial del poblado minero de Fontao y revela errores de identificación de edificaciones tradicionales en los núcleos de: Añobre, Brandomés, Pinlle, Combarro, O Valado, A Seara, Castro de Cumeiro, Fontacarda, Asorei (sur), Orza, Pastoriza, Sobreiras, A Agra, Os Camanceiros, O Pazo, Lamego y Gueiral. En este sentido, Urbanismo destaca que la propuesta municipal no recoge las construcciones de forma individualizada, sino que conjuntos de edificaciones diversas épocas bajo un mismo perímetro identificadas como una construcción tradicional. Y dice que en al menos cinco núcleos ni siquiera figuran las casas tradicionales, por lo que no se puede comprobar su delimitación.


That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.