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Publicado por admin o 7 June 2011

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Esta vendo Planeamiento

Cañete anuncia unha “reforma moi fonda” da Lei de Costas

Escrito por mpierres o 16 January 2012

El Pais - Madrid 13 ENE 2012

La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una “reforma muy profunda” para “poner en valor” el litoral, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente. Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea ha anunciado que “simplificará trámites ambientales” y potenciará el turismo en parques nacionales.

En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: “Nos gustan los chiringuitos”, que se habían convertido en un símbolo de la utilización política de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.

Personalidades relevantes del PP como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo habían mantenido la pasada legislatura reuniones con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, estaba preparando documentación sobre cómo se debería reformar.

Aunque el programa electoral del PP no citaba una modificación de la ley, Cañete ha anunciado hoy una reforma legal a fondo para “poner en valor el litoral” para “armonizar el desarrollo económico con la decida protección de los recursos naturales”.

Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un grave problema de inseguridad jurídica, que se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio. Además, hay presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados extranjeros porque hay miles de extranjeros afectados.

La norma, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no establece una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, son de dominio público “las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación” y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.

Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido. Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad, por lo que tampoco pueden vender. Los ecologistas sostienen que cualquiera que se hubiera informado ya sabía que había una Ley de Costas y con preguntar se habría evitado problemas.

En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es extremadamente complejo porque en los más de 20 años desde la aprobación ha habido expropiaciones y derribos de cientos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones al Estado.

El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal a través de la Ley de Navegación Marítima pero encalló en el Congreso. Ahora, con este cambio, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería “dramático”, según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.

Además, Arias Cañete ha anunciado una “simplificación de la normativa ambiental” para “agilizar trámites” y que no se frene la inversión. El ministerio tiene un atasco en las declaraciones de impacto ambiental que a veces duran años.

En la línea de reducir las trabas ambientales, Arias Cañete también ha anunciado que quiere potenciar “las actividades turísticas en los parques nacionales”.

Como sus predecesores, el ministro ha anunciado su intención de alcanzar un “pacto nacional” del agua. El anhelado pacto puede ahora ser más viable puesto que el PP también gobierna en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana, regiones clave para solucionar el déficit hídrico del Levante.

O plan do litoral impide a 12 concellos edificar na franxa de 500 metros

Escrito por mpierres o 20 February 2011

La Voz de Galicia-serafín Lorenzo -santiago / 20/2/2011

Blinda a protección no 93% do chan urbanizable dentro desa área e no 87% de toda a fachada costeira

O veto que o plan do litoral impón ao desenvolvemento do 93% do chan que os concellos clasificaron como urbanizable en primeira liña de costa volverá pór a proba a vontade política real de cumprir regras urbanísticas modélicas na súa formulación que despois non se aplican ou que quedan desvirtuadas na súa vocación proteccionista por medio de sucesivas reformas. A experiencia da Lei do Solo, que a Xunta substituirá por un novo marco normativo despois de modificala sete veces en oito anos de vixencia, non representa a mellor credencial para o Goberno.

O documento, que entrará en vigor cunha publicación no Diario Oficial de Galicia que está prevista para a semana entrante, mantén unhas restricións elevadas en relación á lei cautelar que paralizou a construción durante case catro anos a menos de 500 metros do mar. O plan clausura de forma definitiva 6.825 das 7.374 hectáreas de chan urbanizable que bloqueara nesa área a norma que promoveu o bipartito e que o Executivo de Feijoo prorrogou en dúas ocasións. En consecuencia, queda vetada a posibilidade de edificar vivendas no 92,55% da superficie que estaba tipificada como apta para a súa urbanización na primeira liña de costa.

 

 

Ponteceso, municipio vedado

O plan anula o 100% do chan urbanizable de 12 concellos na franxa dos 500 metros. Ares, Cabanas, Carballo, Cee, Muxía, Rianxo, Cervo, Foz, Catoira, Oia, Redondela e Vilanova de Arousa non poderán construír en primeira liña de costa. Entre estes municipios, nos que a paralización que impuxo a lei cautelar terá xa que logo carácter permanente, a incidencia é maior en Cervo (onde se anulan as 528 hectáreas de chan urbanizable nesa área), Foz (503) e Carballo (204).

Pero o plan do litoral ten máis efecto noutros concellos nos que, aínda que abre ao ladrillo unha mínima parte do chan urbanizable, bloquea unha superficie maior. O que perde máis terreo para edificar é Ponteceso, onde a ordenación paraliza 1.503 das 1.509 hectáreas que ten na área dos 500 metros. O mesmo sucede en Sanxenxo, que perde para a construción 469 das 508 hectáreas nesa franxa; Vilagarcía, que cede 461 de 469; Cabana de Bergantiños, que só poderá edificar nunha hectárea de 280; Ribadeo, onde se paralizan 277 das súas 281 hectáreas urbanizables; Narón, que poderá desenvolver 13 hectáreas sobre 267; e Fene, que conserva 23 de 226.

O documento, que a pesar de chegar seis anos máis tarde do previsto na Lei do Solo permite a Galicia deixar de ser a única comunidade do arco atlántico sen ordenar a súa costa, habilita a construción en 549 hectáreas dentro dos 500 metros e en 777 máis aló. Nesa zona na que a lei do bipartito non estableceu protección cautelar, o plan paraliza 2.600 das 3.378 hectáreas de chan urbanizable.

Se non se ten en conta a referencia dos 500 metros, a ordenación permite construír en 1.326 das 10.752 hectáreas de chan urbanizable dos 77 municipios nos que se aplicará, xa que quedan eximidos os 5 con plans adaptados á Lei do Solo: Vigo, Oleiros, A Pobra do Caramiñal, Laxe e Outes. A esa superficie edificable hai que sumar 386 hectáreas máis que o plan clasifica como de grao 2 e cuxo desenvolvemento queda suxeito á tutela da Xunta.

Falece aos 65 anos o prestixioso urbanista coruñés Juan Luis Dalda

Escrito por mpierres o 9 February 2011

juan-luis-daldaLa Voz de Galicia - A. Lorenzo - 09.02.2011

En la madrugada de ayer fallecía el doctor-arquitecto y urbanista Juan Luis Dalda Escudero (A Coruña, 1945), responsable de los proyectos de ordenación urbanística de los ayuntamientos de Madrid, Ferrol, Oleiros, Lugo, Sada y Santiago, entre otros. Su interés por el urbanismo, su gran vocación docente y su compromiso cívico marcaron la trayectoria de este profesional, que recibió numerosos reconocimientos, el más importante de los cuales fue el primer Premio Europeo de Urbanismo, en la categoría de urbanismo local, que le fue concedido en 1998 por su plan especial de protección y rehabilitación del casco histórico compostelano.

«Era un arquitecto algo especial, en el sentido de que se dedicó de forma exclusiva al urbanismo, y de forma mayoritaria lo hizo en Galicia», recordaba ayer Ánxel Viña, que fundó con Juan Luis Dalda el estudio Oficina de Planeamiento S.?A. en el año 1977. Su socio también destaca que, de todos los proyectos que desarrollaron, del que estaba más orgulloso el urbanista fue de la elaboración PGOM del Santiago del año 1990, «porque tuvo un nivel de ejecución poco común, ya que se aplicó en un alto grado, y fue el germen de la gran transformación de la ciudad de Santiago».

Su trabajo como profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña fue otra de sus pasiones, «porque tenía una gran vocación docente. Era una persona con un gran nivel de dedicación que dejaba huella en sus alumnos», afirmó Viña.

También desde el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia quisieron recordar ayer a Dalda, «pola súa valía humana, a súa integridade e o entusiasmo co que vivía a súa profesión». Hoy, a las 13.30 horas, está previsto que sea incinerado en el tanatorio de Servisa.

Donos de 2.300 vivendas tratan de legalizalas e evitar a súa derriba

Escrito por mpierres o 22 November 2010

La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 21.11.2010

A Fiscalía defende a picaraña como solución ejemplarizante e forma de facer desaparecer o delito

Entre o ano pasado e o que vai do presente 46 particulares levaron a cabo en Galicia a demolición das súas edificacións declaradas ilegais xudicial ou administrativamente, mentres que a Xunta fixo o mesmo con outras 13.

Por primeira vez na historia, o Executivo autónomo constata un maior número de derribas executadas polos particulares sancionados que os que leva a cabo a Administración, feito que a xuízo da Consellería de Medio Ambiente e Territorio evidencia que se instalou a convicción de que as derribas son ineludibles cando se constrúe sen licenza ou a edificación vulnera o permitido.

Pero mentres rende a acción da picaraña, sobre todo en vivendas unifamiliares e galpóns, decenas de edificios acumulan ata varios lustros con sentenzas de derriba firmes no medio de recursos promovidos polos seus propietarios para evitar perder os seus fogares.

Uns 2.303 donos de vivendas están nesa situación na comunidade, segundo as estimacións realizadas sumando as sentenzas de derriba ditadas.

Licenza como atenuante

Nunha porcentaxe moi alta, eses fallos que ordenan a acción da picaraña prodúcense sobre edificacións que contaron con licenza municipal, circunstancia que esgrimen os seus donos para tratar de salvar os seus fogares ou se non hai máis remedio lograr unha indemnización dos consistorios que permitiron a construción logo considerada ilegal.

A modificación da achaiadura para encaixar a construción ameazada de derriba é a vía máis demandada, como acaba de ocorrer en Vigo con 180 pisos da rúa Jacinto Benavente, xa legais a pesar de contar con sentenza de derriba firme desde o 2003; ou como se tramita nesa cidade nas Torres Ifer e as súas 104 vivendas e os 56 da urbanización da Pastora, ou na Coruña co centenar das do edificio Fenosa.

«A demolición non é sinxela, a súa execución esixe unha tramitación case similar á do propio xuízo, o que acaba por dificultar moito a súa execución», apunta Álvaro García Ortiz, fiscal coordinador en materia de medio ambiente e urbanismo en Galicia. A pesar de recalcar que «demoler non é sinxelo», o representante do ministerio público considera que a picaraña ejemplifica perfectamente os riscos do urbanismo ilegal, «e o delito desaparece», engade García Ortiz.

Para o fiscal especializado en urbanismo, as edificacións non se poden indultar desde o punto de vista penal, aínda que se adapte a lexislación urbanística a elas para salvalas. «Castigamos ao infractor e pode ter que facer fronte igual a multas ou ata cárcere», advirte.

Como filosofía xeral, a Xunta defende a mesma vía da derriba como a máis útil para repor a legalidade, asegurando ata que a publicidade dada ás demolicións freou os desmáns urbanísticos, máis ata que a acción de divulgación.

Pero desde a Consellería de Medio Ambiente e Territorio faise unha distinción importante cos casos aos que os concellos outorgaron licenza de construción no seu día aínda que logo fose anulada nos tribunais de Xustiza. «Quen compran de boa fe e non son advertidos de cargas ou sentenzas no rexistro non poden ser chibas expiatorios se existe a forma de devolver a construción á legalidade», apuntan técnicos do departamento autonómico de urbanismo que traballan nestes asuntos.

Tribunais

En todo caso, a Administración galega mantén que os casos que aínda seguen coleando nos tribunais proceden da década dos noventa, «e agora non hai construción irregular sen expediente», asegura a consellería. No entanto, seguen aparecendo sentenzas, como a que na Coruña declarou ilegal recentemente unha licenza dun edificio en Someso.

A Xunta rectifica outra vez e xa non desprotexerá todo o solo rústico

Escrito por mpierres o 4 November 2010

La Voz de Galicia - Jose Precedo-Pablo López - 3.11.2010 La Lei de Acompañamento dos Orzamentos volverá al Consello de la Xunta para ser modificada sólo dos semanas después de que el Gobierno le diese el visto bueno en una reunión extraordinaria celebrada el martes 19 de octubre que sirvió para aprobar las cuentas públicas de 2011. De este modo, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández pretende evitar cualquier “inseguridad jurídica” derivada de la nueva redacción de la Lei do Solo que la Xunta ha modificado utilizando el trámite presupuestario para rebajar la protección a los suelos rústicos de protección agropecuaria y forestal. Finalmente, después de que EL PAÍS publicase ayer que el texto literal de la norma, una vez modificada, suprimía la especial protección de los cauces de los ríos, de los 200 primeros metros de la costa, de los espacios naturales, del paisaje, de infraestructuras o de aquellas zonas que tengan un especial interés patrimonial, artístico o histórico, la consellería de Hernández ha decidido modificarlo de nuevo para “evitar que la actual redacción dé pie a cualquier posible interpretación del citado artículo”. El propio Agustín Hernández explicó ayer a este diario que nunca estuvo en su ánimo desproteger todos esos suelos y que el error se debió a que el nuevo enunciado sólo incluyó los dos apartados que se modificaron, sin aclarar que los otros seis seguían vigentes y con la misma redacción. La argumentación es similar a la que su departamento ofreció el pasado viernes a este diario -”no hay ninguna intención de desproteger nuevos suelos”-, si bien entonces la consellería negó que el texto, donde se suprimían esas seis categorías, llevase a confusión y ni tan siquiera contempló la opción de tener que rehacerlo. Ahora, para deshacer este entuerto legal, la Xunta “realizará las matizaciones o puntualizaciones pertinentes para que no exista ninguna duda al respecto de las modificaciones previstas”. Y aclara que los únicos suelos que perderán su blindaje son los rústicos de protección agropecuaria o forestal para permitir la instalación de industrias. Este cambio, según explican fuentes de Medio Ambiente, está pensado para evitar los problemas legales que impiden desarrollar la Plataforma Logística Industrial Salvaterra As Neves afectada por una sentencia judicial que anula un tercio del macropolígono industrial donde prevé instalar Mitsubishi su fábrica de baterías, una iniciativa empresarial clave para el sector del autómovil. La modificación, en cualquier caso, afecta a todos los suelos rústicos agropecuarios o forestales que podrán, de ahora en adelante, albergar naves empresariales siempre que cuenten con un informe favorable que debe emitir la propia consellería de Hernández. Según explica el Gobierno gallego, el resto de epígrafes de la ley del suelo (los que afectan a las otras seis categorías de especial protección) permanecen “invariables”. Será la Consellería de Facenda -responsable de haber tramitado la ley de acompañamiento- la que efectuará una “modificación técnica” en la norma para subsanar “el error”. Una vez corregido, pasará de nuevo por el Consello de la Xunta que le dará el visto bueno, antes de que regrese al Parlamento para su posterior tramitación, vistas las aportaciones de los distintos grupos. Desde que se aprobaron los presupuestos para 2011 otros conselleiros admitieron también “errores” en sus cuentas. El titular de Educación, Jesús Vázquez, cinco días después de que EL PAÍS publicase que los fondos para becas caen a la mitad, alegó que se trataba de un error que sería solventado en la tramitación parlamentaria. La propia titular de Facenda, cuando tuvo que comparecer, asumió el mea culpa de una partida prevista para el futuro hospital de Vigo que también habrá de ser revisada en el hemiciclo.

Os urbanistas se autoimpoñen o fortalecemento dos barrios e a revitalización das áreas urbanas

Escrito por mpierres o 29 October 2010

carta-del-transcantabricoLa Voz de Galicia - A Coruña  - 29.10.2010

Expertos reflexionaron en Arquitectura sobre la ecología y la ciudad del futuro

Un grupo de personas -se hace llamar «voluntarios ciudadanos»- trabajó durante meses «sin subvenciones ni presiones» para encontrar las mejores soluciones para hacer de las ciudades un lugar más y mejor habitable. El resultado de esa concienzuda investigación salió ayer a escena en la Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña y los arquitectos y urbanistas que lo crearon lo han denominado Carta del Transcantábrico. El título, de forma ampliada, responde por Carta por una ciudad habitable y sostenible, plural y solidaria, libre, diversa, creativa y participativa. De la combinación de todos esos epítetos saldría la ciudad perfecta. Porque lo que pretende es ser la hoja de ruta de lo que deben ser las urbes del futuro.

De todo eso, de como lograrlo, hablaron ayer Arturo Gutiérrez de Terán -una de las personas que lideró el informe-, María Jesús González Díaz, César Portela, Carlos Expósito y el anfitrión, Xosé Manuel Casabella. El primero de ellos, miembro del comité científico de la asociación Sustentabilidad y Arquitectura, es un profesional que defiende posiciones como que «a algunos ayuntamientos se les queda grande tener competencias urbanísticas» o «el concepto de ciudad se ha deformado y adaptado al interés empresarial». Explicó que este informe «tiene como objetivo abrir caminos directos de acción invitando a una reflexión cara al cambio. El documento incita al análisis, la meditación y la recapacitación de los ciudadanos sobre cuál debe ser la dirección a tomar en la construcción de la ciudad del siglo XXI». Tanto Gutiérrez de Terán como Casabella creen que «es necesario interpretar nuestras ciudades como una casa común y un lugar esencial de encuentro, convivencia y desenvolvimiento vital».

Tiempos de crisis

Especial hincapié tuvo en la presentación la sustentabilidad, pues los autores creen que estos tiempos de crisis «son los más idóneos para reflexionar sobre el futuro de la arquitectura y su interrelación con la ciudad y sobre las interesantes contribuciones que el sector de la edificación puede aportar para reducir el consumo energético y las emisiones del efecto invernadero o sobre la reducción y reutilización de residuos».

Casabella, que indicó que la carta «no ha de ser tomada como recetario, sino como reflexión», se refirió a la apuesta por la rehabilitación de los viejos edificios y no tanto la construcción de nuevos». Y Gutiérrez de Terán advirtió de que la carta «quiere estimular a los profesionales porque vemos muy difícil que por decisiones políticas o legislativas se logre el objetivo de la sostenibilidad si no se toma conciencia por parte de quienes la tienen que llevar a la práctica, que no son otros que los propios ciudadanos». En el informe se aprecia que «es necesario recuperar la idea de fortalecer barrios y reconstruir áreas urbanas».

A Xunta abandoa a batalla xudicial contra o urbanismo de Barreiros

Escrito por mpierres o 18 October 2010

El Pais - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 11.10.2010

En Barreiros un alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, dio en un solo año licencia para edificar 5.800 pisos, para cuadruplicar la población de un municipio con 3.300 habitantes. Lo hizo, junto a dos de sus concejales, también del PP, en una junta de gobierno y, sabiendo que cometía una ilegalidad, porque así se lo había transmitido en sus informes la secretaria municipal. La mayoría de los suelos donde los constructores pronto empezaron a levantar edificios tenía la condición de urbano no consolidado, según establece la Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia, puesto que las obsoletas normas subsidiarias de Barreiros no se adaptaron a la norma y las fincas carecían de servicios básicos.

Pese a todo lo anterior, el gobierno del PP siguió adelante con el procedimiento, hasta que el bipartito, tras advertir reiteradamente al alcalde- impugnó en los tribunales 44 de esas licencias -para levantar 3.174 pisos- y suspendió las normas subsidiarias de este municipio de A Mariña lucense que la publicidad de las constructoras empezaba a vender como localidad de veraneo. Tras analizar el proceso y recabar la información de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, el fiscal jefe de Lugo decidió presentar una denuncia por la vía penal contra el alcalde popular, sus tres ediles y la arquitecta municipal que avaló los planos. Todos están acusados de prevaricación urbanística en un caso que estudia un juzgado de Mondoñedo.

La Xunta de Alberto Núñez Feijóo y su conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, están dispuestos a legalizarlo todo. Primero destituyeron al director de la APLU que había capitaneado la lucha contra el caos inmobiliario de Barreiros. Casi al mismo tiempo frenaron cuatro de los contenciosos que la agencia iba a presentar con el aval de la Asesoría Xurídica de la Xunta y solicitaron la suspensión de los recursos que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, había interpuesto contra las licencias adjudicadas por la junta de gobierno de Barreiros. Meses después, la nueva Xunta firmó un convenio a tres, junto al propio alcalde denunciado por la fiscalía y la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, para dotar de servicios a las polémicas urbanizaciones con un coste para las arcas públicas de 14 millones de euros y regularizar el descontrol urbanístico del municipio. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportará 5,6 millones, la institución provincial 1,2 y el Ayuntamiento otros 7,2 millones que espera recaudar de los promotores inmobiliarios, si bien este último detalle no figura en ningún acuerdo escrito.

Entretanto, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, que estudiaba buena parte de las 44 impugnaciones realizadas por el bipartito contra los permisos para edificar que concedió Fuente Parga, acaba de remitir 20 escritos a la Xunta en los que advierte de que ya ha transcurrido el plazo de 60 días desde que el Gobierno gallego pidió suspender los recursos que heredó de sus antecesores. En otros tantos autos, el juez acuerda el archivo provisional del proceso promovido por el letrado de la Xunta en nombre y representación de la Consellería de Medio Ambiente. Y advierte de que “los autos permanecerán en esa situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de la instancia”.

Y eso es precisamente lo que ha decidido el actual Gobierno gallego: dejar morir de inanición el proceso en los tribunales, con lo que en año y medio esas urbanizaciones estarán legalizadas. El plazo caducaría en marzo de 2012, pero mucho antes Hernández y Feijóo ya han planeado subsanar la problemática por la vía administrativa. Eso es al menos la respuesta que ha dado la Consellería de Medio Ambiente a este periódico. “En Barreiros existen dos vías: la administrativa y la judicial, y tanto el Ayuntamiento como la Xunta y la Diputación trabajamos en la primera de ellas”, aclara un portavoz autorizado de la Xunta. La misma fuente sostiene que en la suspensión de los contenciosos se ha actuado por coherencia porque seguir con ellos “sería una contradicción con lo acordado conjuntamente con las tres administraciones”.

Sin noticias de la Asesoría Xurídica

Hasta tres veces ha solicitado formalmente la oposición el preceptivo informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debe avalar el convenio que legaliza el caos urbanístico de Barreiros. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras se niega a entregar ese dictamen y la petición del PSOE para obtenerla por los cauces reglamentarios en el Parlamento ha caído en saco roto. Preguntado por el aval de la Asesoría Xurídica a este polémico proyecto, el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo dudó de que este pudiese ser entregado a la oposición y los medios de comunicación puesto que fue remitida al Consello de la Xunta para que deliberase.

La respuesta es inaudita -este mismo Gobierno ha entregado a la prensa informes de la Asesoría Xurídica desde que llegó al poder en varias ocasiones- y la kafkiana solución propuesta por Feijóo no acaba de dar resultados. El presidente alegó en sede de Gobierno que se pediría un segundo dictamen al mismo organismo para pedirle opinión sobre si se podía hacer público el primero de los informes. Varios meses después de que se solicitase esta información, no se conoce ninguno de los dictámenes pese a las repetidas solicitudes de este periódico a la consellería de Agustín Hernández.

La postura de la Asesoría Xurídica es clave, puesto que el convenio de Barreiros prevé legalizar actuaciones que este mismo organismo impugnó en los tribunales hace menos de dos años. La regularización que prevé llevar a cabo el Gobierno gallego parte de la declaración de incidencia supramunicipal, un mecanismo excepcional previsto para salvaguardar el interés público que permite a la Xunta arrogarse las competencias municipales.

Os arquitectos vigueses rebélanse contra o primeiro plan xeral de ordenación urbana

Escrito por mpierres o 1 September 2010

La Voz de Galicia - 1/9/2010 - Vigo

La delegación en Vigo del Colegio Oficial de Arquitectos publicaba, el 17 de septiembre de 1967, un manifiesto en el que expresaba su oposición al proyecto de Plan General de Ordenación Urbana, que entonces estaba en período de exposición pública. Los arquitectos Francisco Castro, Emilio Salgado, Fernando Gallego, Desiderio Pernas, Jaime Riera, Alberto Baltar, Jaime Garrido, Arturo Fraga, Fernando Araújo, Antonio Román, Pedro ALonso, José Bar Boo, Fernando Molíns, Antonio Cominges, Tomás Pérez-Lorente, Francisco Yáñez, Severino González y Agustín Pérez Bellas resumían en varios puntos las razones de su rechazo.

Señalaban el incumplimiento de la Ley del Suelo de 1956, tanto en desarrollo del planeamiento como en el índice de edificabilidad, pero también la irreconciliable situación creada dentro de la zona ordenada entre los planes parciales legalmente aprobados y el criterio de la nueva ordenación. Criticaban que el plan presentaba una zonificación inadecuada para el desarrollo armónico de la ciudad, «que va a crear graves problemas de carácter social». En este mismo sentido, criticaban la red de viales, «que convertirán en más angustioso el problema del tráfico, en lugar de resolverlo».

Control del ministerio

La redacción del plan fue una imposición del Ministerio de Vivienda, y da comienzo en 1961, bajo la dirección de un arquitecto vinculado al ministerio. La corporación municipal defendió los intereses de los promotores, lo que provocó la dilación de los trámites, e incluso una vuelta a empezar en 1969.

Solo el cambio de criterios del ministerio, y el propio crecimiento de la ciudad permitió la aprobación del primer plan general vigués en 1972. Los arquitectos vigueses de entonces tuvieron una visión más próxima al urbanismo que a la especulación.

 

O Plan de Ordenación do Litoral impide construír nun total de 9.641 hectáreas

Escrito por mpierres o 29 July 2010

La Voz de Galicia - 29.07.2010

Amplíanse en 2.793 as hectáreas protexidas pola coñecida como Lei dos 500 metros do bipartito.

O Goberno galego aprobou hoxe de xeito inicial o Plan de Ordenación do Litoral (POL) que permitirá o levantamento da prohibición de construír a franxa costeira inferior a 500 metros en 514 hectáreas a partir da súa publicación mañá no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Coa publicación da aprobación inicial do POL quedará prohibido construír en 9.651 hectáreas, das que 6.858 están na franxa dos 500 metros, polo que a protección, segundo a Xunta, aumenta un 10% nesta franxa de terreo e un 30% no conxunto do territorio.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, cualificou de «oportuna, necesaria e inaprazable» a aprobación inicial do POL, ao que se incorporaron as alegacións dos concellos e que quedará definitivamente aprobado antes de final de ano, segundo a súa previsión.

Segundo indicou en conferencia de prensa o xefe do Executivo autonómico, a Xunta seguirá apostando polo «consenso» ata a aprobación definitiva do documento, e destacou como un dos maiores logros do POL que proporciona unha «maior protección» ao litoral que a lei dos 500 metros aprobada por PSdeG e BNG e que foi prorrogada dúas veces polo PPdeG.

«Agora hai un plan e antes había prohibición», sinalou Núñez Feijoo, que defendeu a filosofía de «actuar sen desproteger» e de «protexer sen paralizar», xa que a normativa anterior era unha «prohibición xenérica redactada nun despacho».

O presidente galego afirmou que o POL chega «con atraso», xa que todos os territorios da fachada atlántica e cantábrica xa contan cun instrumento de protección similar.

O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, que compareceu co presidente en conferencia de prensa, asegurou que o POL protexe o 7,27% do territorio galego, fronte ao 2,73% da lei dos 500 metros.

Hernández explicou que o documento que mañá publicará o Diario Oficial de Galicia amplía a protección máis aló dos 500 metros propostos polo bipartito, xa que a prohibición de construír tamén afecta a 2.793 hectáreas que se atopan máis aló desta franxa.

O responsable de Medio Ambiente indicou que os chans daqueles municipios que non teñan as súas achaiaduras de ordenación municipal adaptados á Lei de Chan terán varios graos, de modo que algúns serán compatibles co POL, mentres que outros tres tipos terán ou ben que adaptarse para ser compatibles ou son incompatibles.

Segundo Hernández, o POL aínda se poderá mellorar ata a súa aprobación definitiva, aínda que se mostrou convencido de que se trata do instrumento de protección e ordenación do litoral que Galicia necesita.

O DOG publicará mañá un anexo no que virán especificados os lugares dos municipios nos que se levanta a prohibición de construír na franxa dos 500 metros, así como aqueles en os que a prohibición continúa e os novos emprazamentos afectados pola prohibición, tanto dentro desta franxa como máis aló.

Hernández destacou que o POL incorpora na súa tramitación a Avaliación Ambiental Estratéxica e defendeu a posta en marcha dun «novo modelo de xestión» na Administración, no que prima a coordinación.

Antonio Roma Valdés: “Es fundamental demoler las obras hechas donde no debían”

Escrito por mpierres o 14 July 2010

Antonio Roma Valdés, fiscal de urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ante la iglesia de San Fructuoso en Santiago.

Antonio Roma Valdés, fiscal de urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ante la iglesia de San Fructuoso en Santiago.

El Correo Gallego - 11.07.2010

Fiscal de Urbanismo del TSXG //Deben quedar muy claras las reglas sobre lo que se puede autorizar en Red Natura La reforma del Código Penal incluye como delito la falta de vigilancia

Antonio Roma Valdés (León, 1967; casado: dos hijos) es fiscal de Urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, carrera profesional a la que está dedicado en cuerpo y alma. Pertenece a una saga de juristas que va ya por su sexta generación. Su padre fue juez y su bisabuelo, fiscal. Ello no ha sido obstáculo para que conserve su afición a la numismática. Tal es así que a principios de diciembre de 2008 Roma Valdés obtuvo sobresaliente cum laude, con una tesis doctoral sobre La organización de las emisiones monetarias del Reino de León en la Edad Media, defendida en la Universidade de Santiago. Es autor de numerosos artículos, y de varios libros de Derecho; entre otros, un manual de Derecho Penal y La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural.

¿En la Edad Media había muchas crisis monetarias?

Las había, y mucho más graves que las que tenemos ahora. Eran un robo a todos los ciudadanos. Las devaluaciones castellanas fueron escandalosas en Europa.

¿Había mercado de divisas?

Por supuesto. Había divisas internacionales y se movían según las épocas. En el siglo XII, Galicia era una zona especial dentro de la península Ibérica, porque gobernaba la moneda francesa con exclusión de la moneda real. Además de las monedas internacionales, estaba el oro y plata. Los reyes de Castilla y León hubieron de recurrir a la moneda extranjera para hacer determinadas transacciones.

¿Con la crisis hay un descenso de los delitos urbanísticos?

Al reducirse la actividad en la construcción, también se ha reducido la construcción ilegal.

¿La función de los fiscales en urbanismo es sólo preservar la legalidad o también la calidad?

En Galicia, como en toda España, los fiscales de urbanismo controlamos específicamente la legalidad constructiva. Está contemplado como delito la construcción en zonas donde no se puede construir o la edificación en zonas calificadas de rústico ordinario. El 23 de junio se ha publicado en el BOE una reforma muy importante del Código Penal, que introduce nuevos delitos e incluye en ellos las obras de urbanización y la falta de vigilancia e inspección por parte de las autoridades. Esos delitos empezarán a funcionar dentro de seis meses. Se han aclarado los puntos oscuros. Por ejemplo, las urbanizaciones ilegales. Alguien parcelaba las zonas de suelo rústico protegido, y cedía cada una de las parcelas a personas para que construyesen en ellas sus propias viviendas. Eso también será castigado como delito.

¿El hecho de que el poder de decisión en urbanismo esté en manos de los ayuntamientos facilita o perjudica la ordenación?

El deseo es que no la perjudique. Se ha modificado la ley de ordenación urbanística de Galicia, dándole un mayor poder a los ayuntamientos, pero es de esperar que los ayuntamientos no cometan infracciones urbanísticas. Si las cometen, allí estaremos nosotros. La reforma de una ley por un Parlamento no puede considerarse como un elemento que determine la existencia de delitos.

¿Existe un perfil del agresor urbanístico y existen zonas en Galicia con mayor incidencia de los delitos urbanísticos?

No hay un perfil muy definido. Muchas de las denuncias que nos han llegado no procedían de los profesionales del urbanismo. Cuando surgió la figura del fiscal especialista en urbanismo, los medios se preguntaban si era para proteger a la sociedad de los constructores abusivos. Sin embargo, lo que se ha detectado son pequeños propietarios que han realizado galpones impresionantes, con auténticas casas, piscinas, yacusis y demás en zonas protegidas y bastantes desperdigadas. Donde más se ha llamado la atención, porque también se ha buscado más, es en las zonas costeras. Y ha habido denuncias.

¿Ha aumentado el porcentaje de denuncias de la Xunta?

No. Se va manteniendo. Desde que se ha creado la figura de los fiscales de urbanismo han pasado tres administraciones políticas distintas en la comunidad autónoma, y entiendo que la colaboración ha sido franca en su conjunto. Hay una cosa que nos preocupa tanto a nosotros como a la Xunta: poco favor se le hace desde la fiscalía a la sociedad si lo único que consigue es ponerle multa a los infractores. Lo fundamental es que desparezcan las obras realizadas donde no se debía hacer ninguna obra. La demolición es el objetivo número uno, y es compartido. Es lo que nos pide la sociedad a todos.

¿Qué opina de la prohibición cautelar de construir en la franja situada a 500 metros del mar?

Ha habido una polémica con transfondo político, y no quiero entrar en eso. Pero con independencia de determinadas normas, hay un valor ambiental, y es que en la zona de protección de costas existe una servidumbre pública y, por lo tanto, debe haber un control muy riguroso sobre las obras que allí se hagan.

El plan de Ordenación Territorial contempla la posibilidad de que en los sectores ambientalmente protegidos se pueda edificar de acuerdo a los planes sec toriales aprobados por la Xunta. ¿Es un factor de discrecionalidad que puede convertir en papel nojado la protección?

Le legislación urbanística es parte de un todo que se completa con otras leyes que buscan una protección en términos muy amplios -hay una protección paisajística, una protección del patrimonio cultural, una pro­tección del medio ambiente, una ley de costas-. Tantas leyes no siempre dan armonía. El planeamiento es muy largo de redactar porque tiene muchas normas que cumplimentar, muchas administraciones a las que informar, y al final, resulta que no es suficientemente claro. A los interpretes del derecho, que no participamos en la formación de estos planes, nos gustaría que las normas para aplicar fuesen claras. Necesitamos menos leyes, pero más claras, pues cuando tenemos antinomias, al final surgen anomias. De hecho, en algunas sentencias sobre delitos urbanísticos el exceso de leyes se ha interpretado de forma absolutoria. A veces las normas son absurdas y contienen provisiones que son imposibles.

¿Algún ejemplo?

Sí, cada casco histórico tiene una ficha de protección del planeamiento en la que se nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero, a veces son contradictorias, se nos dice que no se puede hacer porque precisamente se puede hacer.

¿En Galicia se están cumpliendo los objetivos con los que la UE impulsa la Red Natura?

En general, en España ha habido problemas en la adaptación de la Red Natura. Ha habido varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en las que se ha condenado a España. La legislación española en materia de Red Natura se ha limitado a copiar las directivas y pegarlas en normas internas, cuando lo que piden esas directivas es un desarrollo legislativo lo más detallado posible, y eso nos ha creado algunos problemas de apliación.

Da la impresión de que en España Red Natura está devaluada. Hay problemas de aplicación y es de desear que se vayan resolviendo. Deberían quedar muy claras las reglas sobre lo que se puede autorizar en el marco de lo que es la Red Natura.

¿El principio de reconocimiento mutuo que rige en la UE es aplicable al medioambiente?

Es una medida de cooperación judicial muy específica, y no, no está incluido. Lo que sí hace la UE es dictar determinadas normas que obligan a los estados a implantar en sus legislaciones determinadas formas de delito. La última reforma del Código Penal incluye también normas de protección del medioambiente como consecuencia de una directiva comunitaria. Los jueces comunitarios deben cooperar entre sí y cooperan. Hay pendiente otra reforma del Código Penal, que vendrá dentro de poco, referida a la directiva comunitaria sobre la contaminación ocasionada por buques.

¿Cómo está siendo la cooperación internacional en el caso del Prestige?

La cooperación judicial con las autoridades europeas y no sólo europeas ha sido ejemplar, por lo que respecta a la fiscalía, ayudando al Juzgado de Corcubión. Va a ser un juicio largo, complicado y seguramente atractivo para los medios.

¿Si hubiera un puerto refugio hubiera pasado lo que pasó?

No soy el técnico que sepa responder esa pregunta. Eso forma parte del enjuiciamiento, y tampoco es bueno que la Justicia hable de hipótesis o posibilidades. No se puede condenar a nadie por hipótesis. Entiendo que el fiscal lo ha llevado muy bien respecto de hechos claros.

¿El caso del Prestige acabará siendo un caso ejemplarizante?

Eso solo lo puede decir el tiempo. Lo deseable es que el juicio se celebre. Ese es el deseo que tiene la fiscalía en su conjunto.

Le pregunto eso porque, por desgracia, ese tipo de accidentes tienden a repetirse.

Sí, sí. El Prestige tenía un casco que era el que tenía y, evidentemente, eso ha dado lugar a errores que habrá que tener en cuenta en el futuro. Es lo que está pasando ahora con la plataforma petrolera en Estados Unidos.

¿En el Prestige, la Justicia llega tarde?

Llega tarde, pero también las decisiones hay que tomarlas con cierta distancia temporal para que los excesos de temperatura no perjudiquen la Justicia.

¿Ha habido falta de medios?

Ha habido una instrucción complicada. Son muchas las acusaciones personadas, cada cual con sus planteamientos, y hay un juez que tiene que controlar determinados ejercicios en la acusación. Nos hubiese gustado que hubiese acabado antes, pero tenemos unas resoluciones judiciales y un sistema que hay que respetar, defender y potenciar.

¿No había otras alternativas mejores que dejar que el caso se llevase en Corcubión?

En el momento en que se produce lo del Prestige quién iba a imaginar que le iba a tocar a un juzgado de Corcubión. Digo esto no porque los juzgados de Corcubión sean buenos o malos, pues tienen sus jueces de carrera y en este sentido están bien dotados. En los últimos años el derecho se está complicando. La última reforma del Código Penal es cada vez más técnica, y requiere mayor especialización de quienes intervienen instruyendo, investigando y juzgando. Los juzgados de Corcubión están muy bien para resolver los problemas habituales de allí, pero con lo del Prestige es un gran asunto. Eso lo notamos en el urbanismo: los jueces de Ins­trucción no son expertos en urbanismo, porque no están especializados en ello. Creo que el Consejo General de Poder Judicial y el propio Ministerio de Justicia son conscientes de que hacia el futuro las reformas deben tratar de sustraer de los partidos judiciales las causas grandes y procurar la especialización de los jueces, tanto de los que instruyen como de los que juzgan, así como de los fiscales que investigan. En el caso de la fiscalía hemos sido capaces de especializarnos en determinadas materias.

¿Los ciudadanos están elevando su nivel de exigencia en la calidad del medioambiente, del urbanismo, etc?

Como en todo, la sensibilidad va cambiando. Antes que alguien destruyese un objeto que tenía un valor cultural no le importaba mucho a los ciudadanos. Hoy la destrucción de cualquier objeto de valor cultural o una construcción donde no debe estar, llama la atención de los ciudadanos y trae consigo la atención de los medios. Eso es un hecho sano, porque significa que va calando la conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer.

¿El patrimonio cultural y paisajístico está suficientemente protegido?

En Galicia hay una ley del paisaje reciente, y hay una ley del patrimonio cultural. Curiosamente, en Italia cuando en 2004 legislan su ley de patrimonio cultural le llaman ley del patrimonio cultural y del paisaje. Unen las dos, porque el paisaje tiene un valor cultural que va más allá de lo que es un crecimiento sostenible. Cuando estamos hablando del paisaje estamos hablando también de formas productivas tradicionales que entroncan con un aspecto cultural, etnográfico, monumental. Uno va por la Toscana y ve una paleta de colores, una casa, unos árboles, olivos y vides. Y eso conforma un paisaje cultural. Con el tiempo, en Galicia tenderemos a esa protección mayor, exigida por normas europeas y convenios internacionales, sobre la zona de respeto de los monumentos, de las casas, de las aldeas históricas a proteger. El propio Camino de Santigo tiene un entorno de protección.

¿En la UE vamos hacia un espacio judicial común?

Hoy hay una cultura judicial europea y hay instituciones que la están practicando.

¿Dentro de la UE, a qué nivel está la Justicia española?

Los jueces y fiscales españoles está muy bien vistos. Las instituciones europeas tienen en España a uno de los países más cumplidores, de los que más solicitan la ayuda y de los que más ágilmente están resolviendo.