Hoxe, martes, día 10 de Agosto, saíu publicado na web do Concello de Pontevedra o anuncio e bases que rexirán o CONCURSO CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA SELECCIÓN DEL ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ZONA DEGRADADA POR LAS TRASERAS DE LOS EDIFICIOS DE LA MANZANA 135 DE PONTEVEDRA, FRENTE AL SANTUARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA.
O fin [...]
La Voz de Galicia - 1/9/2010 - Vigo
La Voz de Galicia - 29.07.2010
Amplíanse en 2.793 as hectáreas protexidas pola coñecida como Lei dos 500 metros do bipartito.
O Goberno galego aprobou hoxe de xeito inicial o Plan de Ordenación do Litoral (POL) que permitirá o levantamento da prohibición de construír a franxa costeira inferior a 500 metros en 514 hectáreas a partir da súa publicación mañá no Diario Oficial de Galicia (DOG).
Coa publicación da aprobación inicial do POL quedará prohibido construír en 9.651 hectáreas, das que 6.858 están na franxa dos 500 metros, polo que a protección, segundo a Xunta, aumenta un 10% nesta franxa de terreo e un 30% no conxunto do territorio.
O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, cualificou de «oportuna, necesaria e inaprazable» a aprobación inicial do POL, ao que se incorporaron as alegacións dos concellos e que quedará definitivamente aprobado antes de final de ano, segundo a súa previsión.
Segundo indicou en conferencia de prensa o xefe do Executivo autonómico, a Xunta seguirá apostando polo «consenso» ata a aprobación definitiva do documento, e destacou como un dos maiores logros do POL que proporciona unha «maior protección» ao litoral que a lei dos 500 metros aprobada por PSdeG e BNG e que foi prorrogada dúas veces polo PPdeG.
«Agora hai un plan e antes había prohibición», sinalou Núñez Feijoo, que defendeu a filosofía de «actuar sen desproteger» e de «protexer sen paralizar», xa que a normativa anterior era unha «prohibición xenérica redactada nun despacho».
O presidente galego afirmou que o POL chega «con atraso», xa que todos os territorios da fachada atlántica e cantábrica xa contan cun instrumento de protección similar.
O conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, que compareceu co presidente en conferencia de prensa, asegurou que o POL protexe o 7,27% do territorio galego, fronte ao 2,73% da lei dos 500 metros.
Hernández explicou que o documento que mañá publicará o Diario Oficial de Galicia amplía a protección máis aló dos 500 metros propostos polo bipartito, xa que a prohibición de construír tamén afecta a 2.793 hectáreas que se atopan máis aló desta franxa.
O responsable de Medio Ambiente indicou que os chans daqueles municipios que non teñan as súas achaiaduras de ordenación municipal adaptados á Lei de Chan terán varios graos, de modo que algúns serán compatibles co POL, mentres que outros tres tipos terán ou ben que adaptarse para ser compatibles ou son incompatibles.
Segundo Hernández, o POL aínda se poderá mellorar ata a súa aprobación definitiva, aínda que se mostrou convencido de que se trata do instrumento de protección e ordenación do litoral que Galicia necesita.
O DOG publicará mañá un anexo no que virán especificados os lugares dos municipios nos que se levanta a prohibición de construír na franxa dos 500 metros, así como aqueles en os que a prohibición continúa e os novos emprazamentos afectados pola prohibición, tanto dentro desta franxa como máis aló.
Hernández destacou que o POL incorpora na súa tramitación a Avaliación Ambiental Estratéxica e defendeu a posta en marcha dun «novo modelo de xestión» na Administración, no que prima a coordinación.
Antonio Roma Valdés, fiscal de urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ante la iglesia de San Fructuoso en Santiago.
El Correo Gallego - 11.07.2010
Fiscal de Urbanismo del TSXG //Deben quedar muy claras las reglas sobre lo que se puede autorizar en Red Natura La reforma del Código Penal incluye como delito la falta de vigilancia
Antonio Roma Valdés (León, 1967; casado: dos hijos) es fiscal de Urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, carrera profesional a la que está dedicado en cuerpo y alma. Pertenece a una saga de juristas que va ya por su sexta generación. Su padre fue juez y su bisabuelo, fiscal. Ello no ha sido obstáculo para que conserve su afición a la numismática. Tal es así que a principios de diciembre de 2008 Roma Valdés obtuvo sobresaliente cum laude, con una tesis doctoral sobre La organización de las emisiones monetarias del Reino de León en la Edad Media, defendida en la Universidade de Santiago. Es autor de numerosos artículos, y de varios libros de Derecho; entre otros, un manual de Derecho Penal y La aplicación de los delitos sobre el patrimonio cultural.
¿En la Edad Media había muchas crisis monetarias?
Las había, y mucho más graves que las que tenemos ahora. Eran un robo a todos los ciudadanos. Las devaluaciones castellanas fueron escandalosas en Europa.
¿Había mercado de divisas?
Por supuesto. Había divisas internacionales y se movían según las épocas. En el siglo XII, Galicia era una zona especial dentro de la península Ibérica, porque gobernaba la moneda francesa con exclusión de la moneda real. Además de las monedas internacionales, estaba el oro y plata. Los reyes de Castilla y León hubieron de recurrir a la moneda extranjera para hacer determinadas transacciones.
¿Con la crisis hay un descenso de los delitos urbanísticos?
Al reducirse la actividad en la construcción, también se ha reducido la construcción ilegal.
¿La función de los fiscales en urbanismo es sólo preservar la legalidad o también la calidad?
En Galicia, como en toda España, los fiscales de urbanismo controlamos específicamente la legalidad constructiva. Está contemplado como delito la construcción en zonas donde no se puede construir o la edificación en zonas calificadas de rústico ordinario. El 23 de junio se ha publicado en el BOE una reforma muy importante del Código Penal, que introduce nuevos delitos e incluye en ellos las obras de urbanización y la falta de vigilancia e inspección por parte de las autoridades. Esos delitos empezarán a funcionar dentro de seis meses. Se han aclarado los puntos oscuros. Por ejemplo, las urbanizaciones ilegales. Alguien parcelaba las zonas de suelo rústico protegido, y cedía cada una de las parcelas a personas para que construyesen en ellas sus propias viviendas. Eso también será castigado como delito.
¿El hecho de que el poder de decisión en urbanismo esté en manos de los ayuntamientos facilita o perjudica la ordenación?
El deseo es que no la perjudique. Se ha modificado la ley de ordenación urbanística de Galicia, dándole un mayor poder a los ayuntamientos, pero es de esperar que los ayuntamientos no cometan infracciones urbanísticas. Si las cometen, allí estaremos nosotros. La reforma de una ley por un Parlamento no puede considerarse como un elemento que determine la existencia de delitos.
¿Existe un perfil del agresor urbanístico y existen zonas en Galicia con mayor incidencia de los delitos urbanísticos?
No hay un perfil muy definido. Muchas de las denuncias que nos han llegado no procedían de los profesionales del urbanismo. Cuando surgió la figura del fiscal especialista en urbanismo, los medios se preguntaban si era para proteger a la sociedad de los constructores abusivos. Sin embargo, lo que se ha detectado son pequeños propietarios que han realizado galpones impresionantes, con auténticas casas, piscinas, yacusis y demás en zonas protegidas y bastantes desperdigadas. Donde más se ha llamado la atención, porque también se ha buscado más, es en las zonas costeras. Y ha habido denuncias.
¿Ha aumentado el porcentaje de denuncias de la Xunta?
No. Se va manteniendo. Desde que se ha creado la figura de los fiscales de urbanismo han pasado tres administraciones políticas distintas en la comunidad autónoma, y entiendo que la colaboración ha sido franca en su conjunto. Hay una cosa que nos preocupa tanto a nosotros como a la Xunta: poco favor se le hace desde la fiscalía a la sociedad si lo único que consigue es ponerle multa a los infractores. Lo fundamental es que desparezcan las obras realizadas donde no se debía hacer ninguna obra. La demolición es el objetivo número uno, y es compartido. Es lo que nos pide la sociedad a todos.
¿Qué opina de la prohibición cautelar de construir en la franja situada a 500 metros del mar?
Ha habido una polémica con transfondo político, y no quiero entrar en eso. Pero con independencia de determinadas normas, hay un valor ambiental, y es que en la zona de protección de costas existe una servidumbre pública y, por lo tanto, debe haber un control muy riguroso sobre las obras que allí se hagan.
El plan de Ordenación Territorial contempla la posibilidad de que en los sectores ambientalmente protegidos se pueda edificar de acuerdo a los planes sec toriales aprobados por la Xunta. ¿Es un factor de discrecionalidad que puede convertir en papel nojado la protección?
Le legislación urbanística es parte de un todo que se completa con otras leyes que buscan una protección en términos muy amplios -hay una protección paisajística, una protección del patrimonio cultural, una protección del medio ambiente, una ley de costas-. Tantas leyes no siempre dan armonía. El planeamiento es muy largo de redactar porque tiene muchas normas que cumplimentar, muchas administraciones a las que informar, y al final, resulta que no es suficientemente claro. A los interpretes del derecho, que no participamos en la formación de estos planes, nos gustaría que las normas para aplicar fuesen claras. Necesitamos menos leyes, pero más claras, pues cuando tenemos antinomias, al final surgen anomias. De hecho, en algunas sentencias sobre delitos urbanísticos el exceso de leyes se ha interpretado de forma absolutoria. A veces las normas son absurdas y contienen provisiones que son imposibles.
¿Algún ejemplo?
Sí, cada casco histórico tiene una ficha de protección del planeamiento en la que se nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero, a veces son contradictorias, se nos dice que no se puede hacer porque precisamente se puede hacer.
¿En Galicia se están cumpliendo los objetivos con los que la UE impulsa la Red Natura?
En general, en España ha habido problemas en la adaptación de la Red Natura. Ha habido varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en las que se ha condenado a España. La legislación española en materia de Red Natura se ha limitado a copiar las directivas y pegarlas en normas internas, cuando lo que piden esas directivas es un desarrollo legislativo lo más detallado posible, y eso nos ha creado algunos problemas de apliación.
Da la impresión de que en España Red Natura está devaluada. Hay problemas de aplicación y es de desear que se vayan resolviendo. Deberían quedar muy claras las reglas sobre lo que se puede autorizar en el marco de lo que es la Red Natura.
¿El principio de reconocimiento mutuo que rige en la UE es aplicable al medioambiente?
Es una medida de cooperación judicial muy específica, y no, no está incluido. Lo que sí hace la UE es dictar determinadas normas que obligan a los estados a implantar en sus legislaciones determinadas formas de delito. La última reforma del Código Penal incluye también normas de protección del medioambiente como consecuencia de una directiva comunitaria. Los jueces comunitarios deben cooperar entre sí y cooperan. Hay pendiente otra reforma del Código Penal, que vendrá dentro de poco, referida a la directiva comunitaria sobre la contaminación ocasionada por buques.
¿Cómo está siendo la cooperación internacional en el caso del Prestige?
La cooperación judicial con las autoridades europeas y no sólo europeas ha sido ejemplar, por lo que respecta a la fiscalía, ayudando al Juzgado de Corcubión. Va a ser un juicio largo, complicado y seguramente atractivo para los medios.
¿Si hubiera un puerto refugio hubiera pasado lo que pasó?
No soy el técnico que sepa responder esa pregunta. Eso forma parte del enjuiciamiento, y tampoco es bueno que la Justicia hable de hipótesis o posibilidades. No se puede condenar a nadie por hipótesis. Entiendo que el fiscal lo ha llevado muy bien respecto de hechos claros.
¿El caso del Prestige acabará siendo un caso ejemplarizante?
Eso solo lo puede decir el tiempo. Lo deseable es que el juicio se celebre. Ese es el deseo que tiene la fiscalía en su conjunto.
Le pregunto eso porque, por desgracia, ese tipo de accidentes tienden a repetirse.
Sí, sí. El Prestige tenía un casco que era el que tenía y, evidentemente, eso ha dado lugar a errores que habrá que tener en cuenta en el futuro. Es lo que está pasando ahora con la plataforma petrolera en Estados Unidos.
¿En el Prestige, la Justicia llega tarde?
Llega tarde, pero también las decisiones hay que tomarlas con cierta distancia temporal para que los excesos de temperatura no perjudiquen la Justicia.
¿Ha habido falta de medios?
Ha habido una instrucción complicada. Son muchas las acusaciones personadas, cada cual con sus planteamientos, y hay un juez que tiene que controlar determinados ejercicios en la acusación. Nos hubiese gustado que hubiese acabado antes, pero tenemos unas resoluciones judiciales y un sistema que hay que respetar, defender y potenciar.
¿No había otras alternativas mejores que dejar que el caso se llevase en Corcubión?
En el momento en que se produce lo del Prestige quién iba a imaginar que le iba a tocar a un juzgado de Corcubión. Digo esto no porque los juzgados de Corcubión sean buenos o malos, pues tienen sus jueces de carrera y en este sentido están bien dotados. En los últimos años el derecho se está complicando. La última reforma del Código Penal es cada vez más técnica, y requiere mayor especialización de quienes intervienen instruyendo, investigando y juzgando. Los juzgados de Corcubión están muy bien para resolver los problemas habituales de allí, pero con lo del Prestige es un gran asunto. Eso lo notamos en el urbanismo: los jueces de Instrucción no son expertos en urbanismo, porque no están especializados en ello. Creo que el Consejo General de Poder Judicial y el propio Ministerio de Justicia son conscientes de que hacia el futuro las reformas deben tratar de sustraer de los partidos judiciales las causas grandes y procurar la especialización de los jueces, tanto de los que instruyen como de los que juzgan, así como de los fiscales que investigan. En el caso de la fiscalía hemos sido capaces de especializarnos en determinadas materias.
¿Los ciudadanos están elevando su nivel de exigencia en la calidad del medioambiente, del urbanismo, etc?
Como en todo, la sensibilidad va cambiando. Antes que alguien destruyese un objeto que tenía un valor cultural no le importaba mucho a los ciudadanos. Hoy la destrucción de cualquier objeto de valor cultural o una construcción donde no debe estar, llama la atención de los ciudadanos y trae consigo la atención de los medios. Eso es un hecho sano, porque significa que va calando la conciencia de que hay cosas que no se pueden hacer.
¿El patrimonio cultural y paisajístico está suficientemente protegido?
En Galicia hay una ley del paisaje reciente, y hay una ley del patrimonio cultural. Curiosamente, en Italia cuando en 2004 legislan su ley de patrimonio cultural le llaman ley del patrimonio cultural y del paisaje. Unen las dos, porque el paisaje tiene un valor cultural que va más allá de lo que es un crecimiento sostenible. Cuando estamos hablando del paisaje estamos hablando también de formas productivas tradicionales que entroncan con un aspecto cultural, etnográfico, monumental. Uno va por la Toscana y ve una paleta de colores, una casa, unos árboles, olivos y vides. Y eso conforma un paisaje cultural. Con el tiempo, en Galicia tenderemos a esa protección mayor, exigida por normas europeas y convenios internacionales, sobre la zona de respeto de los monumentos, de las casas, de las aldeas históricas a proteger. El propio Camino de Santigo tiene un entorno de protección.
¿En la UE vamos hacia un espacio judicial común?
Hoy hay una cultura judicial europea y hay instituciones que la están practicando.
¿Dentro de la UE, a qué nivel está la Justicia española?
Los jueces y fiscales españoles está muy bien vistos. Las instituciones europeas tienen en España a uno de los países más cumplidores, de los que más solicitan la ayuda y de los que más ágilmente están resolviendo.
Diario de Pontevedra - 30.06.2010
Con la vocación de conseguir poner fin a un camino iniciado en 1995, el jueves se iniciará el periodo de exposición pública de las Directrices de Ordenación do Territorio (DOT) de Galicia, que estarán disponibles durante un plazo de dos meses para recibir las alegaciones y consideraciones oportunas.
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, presentó este miércoles el documento, sobre el que resaltó que se abre un amplio margen para ”alcanzar un punto de acuerdo en el deseado Pacto polo Territorio”.
En rueda de prensa, Hernández anunció que había remitido este miércoles el texto a los grupos parlamentarios, sindicatos, patronal y a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). ”Se abren dos meses [julio y agosto] para enriquecer el documento y para alcanzar un consenso amplio”, proclamó Hernández.
El objetivo es que las DOT estén aprobadas antes de que finalice el año y antes de la aprobación definitiva del Plan de Ordenación del Litoral (POL), que la Xunta espera sacar a información pública en julio.
”Seguridad jurídica”
El conselleiro destacó que las directrices aportarán ‘’seguridad jurídica” a los ayuntamientos, al ”crear un marco lógico y estratégico para todo el territorio”. Hernández añadió que el texto apuesta ”por la innovación de las distintas realidades territoriales” y por un ”crecimiento urbano compacto”, con especial atención a los criterios ambientales y al rural, indicó.
Hernández también hizo hincapié en que el texto está actualizado con la incorporación de todas las leyes aprobadas desde 1995 sobre territorio, desde la Lei da Paisaxe hasta la última reforma de la Lei do Solo o la ley estatal de sostenibilidad.
También recalcó que, frente a anteriores propuestas, se hace ”más explícita” la necesidad de coordinación entre administraciones. Además, el conselleiro indicó que las DOT fijan que las vilas y pequeñas ciudades estarán conectadas con las áreas urbanas por vías de altas prestaciones.
Cuatro tipos de asentamientos
El documento define cuatro tipos básicos de asentamientos: regiones y áreas urbanas, sistema urbano intermedio, nodos para el equilibrio del territorio y núcleos principales municipales y parroquiales. Las regiones y áreas urbanas se definen como espacios dinámicos de crecimiento económico y de población.
Las áreas urbanas son aquellos espacios configurados alrededor de las siete ciudades de Galicia: A Coruña, Vigo, Santiago, Ourense, Lugo, Pontevedra y Ferrol. Por su parte, el sistema urbano intermedio lo forman los núcleos de mediano tamaño entre los 7.000 y los 20.000 habitantes, ”centros dinámicos social y económicamente enfocados a asumir una mayor centralidad y protagonismo”.
Los nodos para el equilibrio del territorio son un conjunto de núcleos distribuidos por todo el territorio, capaces de acoger funciones urbanas básicas para garantizar el acceso de la población rural a los servicios que la sociedad actual requiere. Por último, se contemplan los núcleos principales municipales y parroquiales, distribuidos para fijar población. ”Las directrices recogen la realidad de 30.000 núcleos rurales”, apuntó Hernández.
Recomendaciones
Las directrices incluyen una serie de recomendaciones en su parte final: unas de carácter excluyente, es decir, de aplicación directa una vez se aprueben las DOT, y otras orientativas. Entre las excluyentes, se incluyen la priorización de la alta velocidad ferroviaria o el dejar la red convencional de tren para ”transporte de mercancías o de proximidade”.
También se recoge que, en los nuevos desarrollos urbanísticos, los tendidos y redes de las instalaciones energéticas serán subterráneas. Entre las recomendaciones orientativas se recoge, por ejemplo, que el aeropuerto de Lavacolla se configurará como el de conexión internacional de Galicia para vuelos transoceánicos.
A EGAP celebrará unhas Xornadas sobre a Lei de ordenación urbanística de Galicia. Na nosa cidade terán lugar o vindeiro 16 de xuño, no salón de actos do edificio administrativo da Xunta de Galicia, situado na rúa Fernández Ladreda, nº 43.
Na seguinte ligazón podedes atopar o boletín de inscrición e o programa detallado das Xornadas: + información
El Correo Gallego - 19.05.2010
Exixencia á Xunta: que se manteña a prohibición de edificar nos 500 metros
Se quebró, al menos parcialmente, el acuerdo inicial entre la Xunta y la Fegamp. Carlos Fernández aseguró que los ayuntamientos consideran que se produce una “invasión de competencias municipales” en el Plan de Ordenación del Litoral por lo que su aprobación, con el alcance territorial que se plasma en la actualidad, “comporta una seria y grave vulneración del principio de autonomía local que justifica sobradamente la emisión de un informe desfavorable”.
Así, expuso Fernández durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que estudia el Plan de Litoral, este informe desfavorable de los municipios va acompañado de una “petición de rectificación” del documento elaborado por el Gobierno gallego, en el que reclaman que se excluyan de su ámbito de aplicación los terrenos que no se correspondan con la franja de 500 metros, sobre la que la legislación admite que “afecta a los intereses autonómicos”.
Respecto a la ampliación de la aplicación de la ley que prohíbe construir en los 500 metros más próximos a la costa -recientemente aprobada por la Xunta para unos meses más, a la espera de la aprobación inicial del POL-, Fernández manifestó que esta decisión tiene “serias dudas jurídicas” y se mostró a favor de que las “cautelas” no se levanten hasta que entre en vigor el texto definitivo, que el Gobierno gallego prevé.
El responsable de la Fegamp indicó que el análisis del documento del POL, que consideró “incompleto” y con “importantes carencias e imprecisiones”, sitúa a los ayuntamientos ante un escenario “altamente preocupante desde la perspectiva de la autonomía local”, pues, en el ámbito de afección hay “una abierta extralimitación” de lo que se considera de interés autonómico.
“NUEVA CULTURA DEL SUELO”
•••Por su parte, el presidente de la comisión de planeamiento del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), César Coll, elogió que se utilicen elementos “cualitativos” para la ordenación urbanística y que se busque con ello una “nueva cultura” para los usos del suelo. Sugirió la creación de estructuras de carácter multidisciplinar, en las que estén presentes los profesionales, para desarrollar las políticas del territorio. En cualquier caso, Coll pidió que los criterios sobre un nuevo concepto del uso del suelo no se limiten a los municipios costeros y consideró que sería “deseable” que el plan contase con un “apoyo social y político mayoritario” para que se mantenga en el tiempo y termine por consolidarse.
Hoxe martes día 11 de maio, as 17:00 horas, celebrarase unha reunión de Comisión de Planeamento de acordo ca seguinte:
ORDE DO DÍA
1. Análise do trazado do AVE nos Concellos da Delegación.
2. Rogos e preguntas.
Nota: lémbrase que a participación nas reunións de Comisións está aberta a todos os colexiados desta Delegación.
El Pais - Galicia -JOSÉ PRECEDO- 30.03.2010
Desde el 31 de julio de 1980, día en que el Gobierno de Adolfo Suárez transfirió las competencias sobre urbanismo a Galicia, hasta 2007, una única construcción ilegal fue demolida en la comunidad. Durante casi tres décadas, ese expediente de derribo fue toda la contundencia que demostraron siete gobiernos distintos frente a la anarquía inmobiliaria que reinó en el interior y la costa cuando estalló el boom urbanístico.
En sólo dos años, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) que acaba de descabezar, previa modificación de sus estatutos, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas presidida por Agustín Hernández, había revertido esa situación. Durante 2008 y 2009, el organismo independiente que impulsó el bipartito ejecutó 42 órdenes de demolición, cinco en su primer año de funcionamiento y 37 el ejercicio pasado y firmó expedientes por los que incrementó sus sanciones hasta 8.335.859 euros.
Con una labor ingente por delante, la estrategia diseñada por el organismo cuando sus inspectores empezaron a pisar las obras pasaba por poner fin a la sensación de impunidad que amparaba a los infractores, ya fueran constructores o alcaldes. Proliferaron los expedientes de restauración de la legalidad (169 entre 2008 y 2009) y las excavadoras irrumpieron por fin en los solares para tumbar edificaciones ilegales. Las actas de inspección aumentaron al mismo ritmo que los medios de la APLU: en 2008 fueron 265, un año más tarde, 517. En este tiempo, los expedientes informativos se multiplicaron por cuatro hasta los 887 durante 2009 y se presentaron 208 recursos en los tribunales, incluidos los que pretenden anular las licencias y poner fin al desaforado crecimiento en Barreiros, y que el juez ya ha empezado a anular. Igual que los expedientes sancionadores, que pasaron de 12 a 44.
El grado de efectividad de sus acciones judiciales no deja lugar a dudas: los pleitos planteados por la agencia se resolvieron con 114 sentencias favorables y 18 desfavorables. En el caso de los juicios que afectaron a demoliciones y sanciones, el 99% cayeron del lado del ente adscrito al Gobierno gallego.
Además, en virtud de un convenio con la fiscalía, la documentación de los casos más graves se remitían al ministerio público que obtuvo de ese modo jugosa información con la que sustanciar sus denuncias, la última por prevaricación urbanística contra el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, del PP, tres de sus concejales y la arquitecta municipal, Marta Geada.
Esa fue la silenciosa labor que desde 2007 ha efectuado el ente al que ahora pretende restar competencias y personal la Xunta de Feijóo. Según fuentes próximas a este organismo, la relación de puestos de trabajo que diseña su nueva directora, María Fernández Allegue, prescindirá de 16 técnicos (dos inspectores, ocho subinspectores, tres jefes de sección y tres auxiliares administrativos) que previsiblemente pasarán a depender directamente de la consellería. Ésta también se ha reservado la capacidad para destituir y nombrar al director de la APLU, hasta ahora a salvo de presiones políticas.
Desde que la consellería de Política Territorial de María José Caride la puso en marcha, los técnicos de la agencia resolvieron 539 solicitudes de autorización sobre usos en zonas de servidumbre (los primeros 100 metros de la costa). Una tarea que ya no ocupará más a sus funcionarios puesto que el cambio de los estatutos además de servir en bandeja el cese de su anterior director, Hipólito Pérez, otorga esa atribución, la de permitir infraestructuras junto al mar (aparcamientos, chiringuitos, piscifactorías y paseos marítimos municipales) a la Dirección Xeral de Urbanismo.
Durante los dos últimos años, sus funcionarios atendieron 1.000 consultas efectuadas por técnicos y personal municipal, y 12.000 efectuadas por los ciudadanos.
Pese a la falta de colaboración de algunos alcaldes, los inspectores de la Xunta habían empezado a detectar una disminución de las obras que comienzaban sin licencia autonómica. Esa es la constatación que arrojan las inspecciones en todas las provincias salvo en la de Pontevedra en la que se siguen detectando contrucciones irregulares.
Faro de Vigo - 26.03.2010- N. DAVILA - PONTEVEDRA
Medio Ambiente suprime a Protección de Bosque á parcela elexida para o futuro edificio de xulgados e que imposibilitaba a súa execución
Las advertencias que desde hace varias semanas lanza el gobierno local sobre las limitaciones urbanísticas y edificatorias que provocará el Plan do Litoral (POL) en el municipio de Pontevedra no parecen tan “incendiarias” como denuncia el PP. Al menos así se desprende de un informe que acaba de emitir la Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe de la Consellería de Medio Ambiente referida a una de las parcelas sobre las que el Concello había alertado: el solar reservado en A Parda para albergar el futuro edificio judicial. La Xunta ha eliminado las protecciones aplicadas en el POL a esos terrenos, con el fin de permitir la construcción de la citada sede judicial.
Esta medida, que pasa de otorgar una severa Protección de Bosque a la zona a suprimir directamente cualquier tipo de cautela, sin términos medios, da la razón, al menos en apariencia, al gobierno local cuando alertó de que con las limitaciones del POL resultaría imposible levantar un edificio en esa parcela. De hecho, el informe conocido ayer, y hecho público por la concejala de Urbanismo, Teresa Casal, fue expresamente solicitado por el concello a la Consellería de Xustiza, con el fin de aclarar las posibilidades urbanísticas de la parcela. El departamento que dirige Alfonso Rueda solicitó esas aclaraciones a Medio Ambiente y la respuesta ha sido bastante rotunda: un solar que inicialmente se consideraba un “bosque”, queda ahora “fuera del ámbito de aplicación del POL” ya que la vegetación que alberga es de “carácter mixto, con una funcionalidad y valores muy limitados”, según se comprobó en una “visita” a la zona.
Se trata, por tanto, de la primera modificación concreta del Plan do Litoral que realiza la Xunta en el municipio de Pontevedra. Teresa Casal subrayó ayer que “este medida, además de permitir la construcción del edificio judicial, viene a suponer una clara desautorización del Gobierno gallego a su delegado territorial, José Manuel Cores Tourís”, que en su día dijo que el POL no suponía obstáculo alguno para edificar en esa parcela de A Parda. Otras fuentes del gobierno local han apuntado que “si la Xunta se equivocó en este caso, también lo ha hecho en otros muchos puntos del municipio”, por lo que solicitan que se realicen las mismas revisiones de A Parda en todo el concello.
Informe
En concreto, el informe conocido ayer y firmado el pasado día 22 por Manuel Borobio, director xeral de Sostibilidade e Paisaxe, dice que “la parcela se encuentra en el ámbito que el POL reconoce como de ordenación, ámbito en el que serán autorizables los usos y edificaciones permitidos por el planeamiento urbanístico conforme a las características y naturaleza de los suelos. La existencia en la parcela de vegetación de interés (digitalizado como zona boscosa un área interior de la trama urbana) forma parte de la revisión cartográfica que se realiza durante esta fase de informe de los concellos.
En este caso concreto, se visitó la parcela y se constató que se trata de una vegetación de carácter mixto, con una funcionalidad y valores muy limitados, y que no tiene dimensión o entidad suficiente a escala territorial del documento elaborado y por lo tanto, se considera que no cumple las condiciones para considerarla Protección de Bosque. Por ello, será revisada esta cartografía y eliminada la protección de bosque en la versión para la aprobación inicial del POL”.
Los promotores admiten que los municipios bien asesorados esquivan los derribos
El urbanismo gallego se resiente de años de laxitud normativa. Galicia acumula, por varios miles, sentencias judiciales de derribo de inmuebles -la mayor parte de las veces por concesión de licencias ilegales- que en buena medida acaban sin ejecutar. Responsables municipales de urbanismo, promotores y arquitectos coinciden en dibujar un complejo panorama urbanístico que comienza con el “dejar hacer” de los gobiernos locales y acaba erosionando las arcas municipales.
Cada sentencia de derribo, y pesan cerca de 3.000 sobre los ayuntamientos gallegos, obliga a los gobiernos locales no sólo a afrontar el gasto de la demolición de la obra declarada ilegal, sino también el de indemnización a los vecinos afectados. Y el problema es que la mayor parte de los municipios carecen de presupuesto suficiente para hacer frente al gasto, con lo que se embarcan en un vía crucis de apelaciones y aplazamientos con desigual fortuna para el erario público de cada Administración local.
“Aunque la ley es igual para todos, los ayuntamientos con mejores equipos jurídicos suelen evitar la demolición tras las continuas apelaciones”, sostiene Benito Iglesias, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de Ourense (Adeido).
Los ayuntamientos disponen de una partida económica para asumir los gastos de los derribos de inmuebles que varía en función de sus presupuestos, pero que siempre resulta insuficiente. En Ourense, las ocho sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulan en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) dan cuenta de la situación urbanística en que se encuentra la ciudad.
La concejala responsable de este departamento, Áurea Soto, estimó en 40 millones de euros la demolición, ordenada por sentencia, de la plaza de San Antonio, en el centro de la ciudad. El gobierno anterior, que había concedido la licencia, solicitó en su día la no ejecución y el tribunal la negó. El nuevo grupo de gobierno volvió a pedirla. Y la consiguió. “Presentamos una propuesta muy bien elaborada con el trabajo de la asesoría jurídica del Ayuntamiento, del coordinador de Urbanismo y con una buena asistencia técnica”, señala Soto. El alto tribunal gallego aceptó que no se ejecutase e impuso al Ayuntamiento el pago de una indemnización de 360.000 euros a la demandante. El ahorro fue considerable.
El representante de los promotores echa en falta una normativa “unificada y clara” en lugar de “la multitud existente de leyes” que permite “a los mejores juristas” conseguir su propósito de dejar en pie el edificio mientras los ayuntamientos con menos recursos “suelen acabar asumiendo estos costes”.
Iglesias lamenta, además, la “ausencia” de órganos de control fundamentales “tanto municipales como judiciales” para evitar en un caso la concesión de licencias irregulares y, en el otro, el “desigual cumplimiento de las sentencias”.
El arquitecto, y presidente del colectivo ourensano, Xan Rodríguez, enmarca el problema en el “tradicional dejar hacer” de las Administraciones y sostiene que ahora pagan “todos los ciudadanos las consecuencias”. Rodríguez reconoce que los ayuntamientos tienen herramientas para cumplir las sentencias “pero sale caro y, además, es muy impopular”, y difícil de asumir, en especial para los políticos con licencias ilegales otorgadas por sus antecesores.
Las herramientas con las que cuentan los ayuntamientos son contadas: “Buenos técnicos y buenos jurídicos con dedicación exclusiva a la Administración” que redacten buenos documentos o que “controlen la calidad de los externos”, explica Soto. Se trata de un largo proceso, porque los expedientes duran una media de 10 años.
Los ayuntamientos de ciudades como Vigo, A Coruña, Santiago y Ourense se han dotado de los servicios de despachos externos paralelos a los que pueden solicitar que se centren en un expediente concreto cada cierto tiempo, garantizándose así la presentación de los mejores recursos ante la Justicia. Los que carecen de estos medios estiran en lo posible los plazos mientras intentan legalizar sus planeamientos urbanísticos, aunque al final “el peso de la ley acaba cayendo siempre sobre ellos”, sentencia el promotor inmobiliario.
La Voz de Galicia - Pontevedra